El International Bar Association’s Human Rights Institute [Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados o IBAHRI] exhortó hoy a la Asamblea Nacional de Venezuela – el poder legislativo del Estado venezolano – a bloquear los movimientos para ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia con designaciones políticas. El 8 de diciembre, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional saliente, anunció que se designarían 18 miembros nuevos del Tribunal Supremo, el cual esta compuesto de 32 miembros, antes de que la Asamblea Nacional electa asuma el 5 de enero de 2016. Este procedimiento ha sido realizado por una comisión controlada por los representantes gubernamentales de la Asamblea Nacional saliente y ha carecido de la transparencia, la participación ciudadana y la imparcialidad exigida por la Constitución y las normas internacionales. Los efectos de estas medidas sobre el estado de derecho y la independencia del poder judicial son una gran preocupación para el IBAHRI.
Cabello difundió su intención unos días antes de los resultados de las elecciones el 6 de diciembre. La oposición obtuvo 112 de las 167 bancas, lo que le valió la “supermayoría” parlamentaria de dos tercios que se necesita no solo para aprobar y modificar las leyes orgánicas, sino también para designar a los funcionarios de alto rango, incluidos los jueces del Tribunal Supremo. Sin embargo, la Asamblea Nacional saliente controlada por el gobierno implementará ahora un proceso de selección para designar a los miembros nuevos del Tribunal Supremo para llenar las vacantes, incluidas aquellas vacantes creadas por 13 jueces en ejercicio que habían sido jubilados un año antes. Estas medidas asegurarán un Tribunal lleno de jueces afines al gobierno actual, capaces de bloquear las leyes que dicte la Asamblea Nacional electa, tales como una ley de amnistía para liberar a varios de los prisioneros políticos de Venezuela.
La baronesa Helena Kennedy, copresidenta del IBAHRI, manifestó lo siguiente: ‘Designar jueces de una manera contraria al procedimiento correcto es un intento cínico e ilícito de cooptar al Tribunal Supremo y afectar su independencia, e implica riesgos de crear graves problemas constitucionales en el futuro. Las recientes elecciones parlamentarias dieron lugar a cierta posibilidad de reconciliación política significativa y reforma democrática en Venezuela. Recibimos con beneplácito la aceptación de los resultados por parte del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la prohibición del reestablecimiento de la independencia del poder judicial daña aún más el estado de derecho, la independencia de la profesión legal y los derechos democráticos de los ciudadanos. Por ende, instamos a las autoridades venezolanas a respetar la separación de poderes y a observar los tratados internacionales, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Venezuela es parte.’