El Ministerio Público comisionó a la fiscal 11ª del estado Aragua con competencia en materia de Derechos Fundamentales, Marianela Tovar, a fin de que dirija la investigación respecto a la explosión de una granada en el Centro de Atención al Detenido de Alayón, ubicado en Maracay, hecho ocurrido la noche de este lunes 18 de enero.
Tras esta situación, se corroboró la muerte de un privado de libertad y de otros 20 que resultaron heridos.
La fiscal coordina las experticias practicadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes se apersonaron al lugar para colectar evidencias de interés orientadas a esclarecer lo sucedido, así como a determinar las responsabilidades penales derivadas de este hecho punible.
En horas de la noche de este lunes, aproximadamente a las 8: 00 pm, hombres a bordo de un vehículo se encontraban en las cercanías del mencionado centro carcelario y lanzaron dos granadas al interior de sus instalaciones. Ello causó una explosión en el patio central del recinto, y la muerte de uno de los privados de libertad de manera instantánea, mientras otros 20 resultaron lesionados, tres de ellos con heridas graves.
Es preciso destacar que la otra granada cayó en el techo del Centro Preventivo de Libertad Serra Aragua, sin embargó no causó daños materiales, ni humanos.
Las víctimas fueron de inmediato trasladadas al Hospital Central de Maracay donde recibieron atención médica oportuna.
Medios de prensa de Maracay aseguraron que el fallecido lideraba un grupo de reclusos, conocidos en Venezuela como “pranes”, enemistado con otro que asimismo busca el control del penal.
Estos “líderes negativos”, como los llama la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, buscan mantener el control delictivo de los presidios e incluso comandan desde sus celdas bandas del hampa que siguen operativas tras el encarcelamiento de sus cabecillas.
Según la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las disputas entre reos, principalmente, provocaron la muerte de 309 reclusos en 2014.
El balance, no contrastado con cifras oficiales, debido a que el Ministerio del Servicio Penitenciario no ofrece información al respecto, marcó un drástico descenso en comparación a los 506 presos que, según el OVP, murieron en la treintena de cárceles del país en 2013 (591 en 2012 y 560 en 2011).
Esta ONG sostiene que el hacinamiento fue del 170 por ciento en 2014, cuando la población penitenciaria era de 51.256 personas y las cárceles tenían capacidad para albergar a solo 19.000.
La ministra del Servicio Penitenciario dijo el 20 de diciembre pasado que durante 2016 prácticamente la totalidad de los presos del país estará bajo “el humanitario” régimen oficial, que incluye desde evaluaciones disciplinarias hasta controles periódicos de desarme.
Varela estimó entonces que en 2016 se estará “muy cerca del 100 por ciento” de la población reclusa acatando las normas de este régimen “y toda esta historia de terror en los recintos penitenciarios debe formar parte de un pasado que no puede volver”.
Seis meses antes, Varela había admitido que un 90 por ciento de los presos se encontraba entonces bajo el régimen penitenciario oficial, que para el OVP es “un régimen militar” que incluye uniformes y obliga a los presos a marchar como soldados.
Con información del Ministerio Público y la agencia EFE