Venezuela y Colombia compartimos una larga frontera con una intensa y dinámica actividad económica, social y comercial, que ha permitido la generación de empleos, inversiones y que ha beneficiado ampliamente a la pequeña y mediana industria. Ahora bien, la existencia de divergentes políticas económicas: cambiarias, fiscales, financieras, laborales, entre otras, condicionan la naturaleza de las corrientes fronterizas, los capitales y las personas que se movilizan a las áreas que resulten más atractivas.
Nota de prensa
El Grupo Ávila está consciente de que la relación bilateral se ha tornado más complicada en los últimos años debido a las políticas de controles que se desarrollan en Venezuela, particularmente, los controles de cambio y precios. Un importante número de productos de la cesta básica con precios controlados, y el subsidio a la gasolina, han generado una situación muy compleja en el intercambio comercial, mercados negros y creciente corrupción. A estos problemas se debe sumar la situación de las migraciones humanas, los indocumentados, el narcotráfico, los movimientos de grupos guerrilleros y paramilitares; todo un conjunto de variables que han generado una entorno explosivo.
Los problemas en la frontera no son nuevos y si bien los dos gobiernos han realizado esfuerzos individuales y bilaterales para enfrentarlos, en la práctica las acciones han sido parciales y muy limitadas, sin mayores efectos de cambio.
Debido a complejidad de la situación el Gobierno Nacional decidió establecer, en buena parte de la extensa frontera, (2.200 kms aproximadamente) un Estado de excepción, pretendiendo que con el máximo control militar se enfrentaría y superarían los graves problemas que históricamente han existido en esos espacios geográficos. En la fase inicial de aplicación de la normativa, hubo expulsión de población indocumentada, pero bajos condiciones arbitrarias y en algunos casos inhumanos, hasta el punto que algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado sobre la posible situación de delitos de lesa humanidad.
En este momento, luego de varios meses de vigencia de la medida, la situación resulta muy lamentable: no se han resuelto los graves problemas existentes, como el contrabando o el narcotráfico; se han generado unos nuevos, pues se ha incrementado la discrecionalidad y la corrupción de las fuerzas de seguridad venezolana, deteriorándose así las oportunidades para la inversión, el comercio, el empleo y el bienestar en general.
El Grupo Ávila está en la obligación de alertar que con los Estados de Excepción los grandes perdedores han sido las poblaciones honestas y trabajadoras de la zona fronteriza; se han afectado las familias; se ha golpeado la pequeña y mediana industria; se han afectado los servicios de educación, salud y recreación; particularmente en la zona venezolana. Con toda esta lamentable e irracional situación se ha perdido la confianza hacia esas zonas.
El Grupo Ávila reitera su exigencia de derogatoria inmediata de tales decretos y exhorta al gobierno nacional a propiciar un diálogo con los diversos actores de la sociedad para construir un programa de restitución de la confianza, que permita retomar la dinámica del comercio, las inversiones, los servicios y enfrentar los problemas con políticas económicas que repotencien esos espacios.