Ayer, cuando faltaban unos minutos para las 5:00 de la tarde, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup (AD), anunció que había sido informado de la inasistencia de los ministros del área económica a la sesión en la que se discutiría el alcance del decreto de emergencia económica enviado por el Ejecutivo el viernes pasado. El parlamentario calificó de “grave” que los funcionarios del gobierno hayan incumplido con su obligación constitucional de comparecer ante el Poder Legislativo.
“Lamentamos que se haya privado al país de saber cuál es la realidad. Con secretos no van a resolver esta situación, es un desacato”, señaló el diputado. Añadió que el Parlamento abrirá el procedimiento correspondiente ante la ausencia de los ministros.
La oposición tenía previsto pedirles a los directivos de entidades clave como Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central de Venezuela (BCV) y la oficina recaudadora de impuestos (Seniat) información sobre gestión y desempeño.
Para Ramos Allup, el “desacato” de los altos cargos a la cámara, como calificó a la suspensión de la comparecencia, se debió a la disconformidad del oficialismo ante la presencia de medios de comunicación en la cámara.
“Debe ser que las informaciones que tienen que dar al país son muy graves y malas, pero no pueden negar la realidad de Venezuela”, afirmó el presidente del Parlamento en las afueras del hemiciclo.
La Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la AN establece que es una “obligación” con los ciudadanos de los cargos públicos acudir a estos llamados del Parlamento a las plenarias o discusiones.
La inasistencia injustificada puede atribuirle al funcionario entre 300 y 600 unidades tributarias de sanción, lo que equivale a 45.000 bolívares (7.142,8 o 225 dólares según las tasas de cambio) o 90.000 bolívares (14.285,7 o 450 dólares), e incluso pueden ser suspendidos de su cargo hasta tres meses sin goce del sueldo.
Aunque no se diera hoy la comparecencia, Ramos Allup explicó que la comisión que evalúa el informe, conformada por 12 diputados opositores y 7 chavistas, “se instalará en su momento” y tomará una decisión respecto del decreto con la información de la que disponga.
El decreto ya ha sido criticado por el presidente de la AN que lo considera “más de lo mismo” después de que el Parlamento le otorgara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en 2014 y en 2015 poderes especiales que le facultaron para legislar en varias áreas para atender la situación económica del país caribeño.
Según Ramos Allup, si la Asamblea, de mayoría opositora por primera vez tras 17 años de hegemonía chavista, rechaza el decreto será “la excusa perfecta del Gobierno para decir: ‘no resolví la crisis, el desabastecimiento, la inflación, (..) porque la AN no aprobó el decreto”.
El citado decreto da al Ejecutivo facultades que le permiten, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin contraloría del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El instrumento, que ya fue oficializado, debe ser aprobado por el legislativo que tiene ocho días para su consideración y aprobación, desde que fue publicado en la gaceta oficial el pasado viernes.
Por tanto, esta semana vence el plazo para que el Parlamento se pronuncie sobre el mismo.
El Jefe de la comisión de finanzas, el opositor José Guerra, señaló que el equipo de parlamentarios ha trabajado con cinco expertos y especialistas en materia económica y ha preparado el informe que sería presentado el viernes.
“Queremos sentarnos con el Gobierno a buscar una solución a este problema. Tratar de hacer que este gobierno entre en razón. No puede ser que la solución que plantee sea amputarle a la Asamblea sus responsabilidades”, aseveró.
Con información de El Nacional y EFE