El decreto de Emergencia Económica del gobierno, que se justifica bajo la premisa de la caída de los ingresos petroleros y de una supuesta guerra económica, es un esperpento jurídico en sí mismo y su aprobación por parte de la asamblea implicaría la claudicación de este poder en favor del ejecutivo Nacional. En la práctica este fulano decreto esconde una habilitante camuflajeada y ya sabemos que en estos 17 años, que ahora en febrero cumplirá el chavismo en el poder, ha habido 5 de ellas. Tres habilitantes tuvo el finado comandante y dos Nicolás, sin que al país le hayan servido para nada más que para arruinar la economía, elevar la inflación y hacer más crítica la escasez. No es que en Venezuela haya una guerra económica, es que el gobierno le ha declarado la guerra a la economía; además esta crisis pronunciada, con su secuela inflacionaria y de escasez, se arrastra desde 2013, un año antes de que cayeran los precios petroleros Así que aún con precios del barril petrolero a US$ 100 ya estaba instalada la crisis económica en el país.
De manera que no es verdad, como dice el artículo 1 del citado decreto que hay una “situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía nacional”. La crisis no es excepcional, ni coyuntural, es regular y estructural, así como crónica. El artículo 2, numeral 2 expresa que hay que “asignar recursos extraordinarios a proyectos, previstos o no en la Ley de Presupuestos”, bueno el gobierno nunca ha respetado al presupuesto y se ha manejado con uno paralelo (Fonden, misiones, el colchón del difunto). El artículo 2.4 habla de dispensar a los órganos del Estado de los trámites de la ley de contrataciones públicas. Lo cierto es que desde 1999 ningún ente público licita y todo es a dedo, bajo la excusa recurrente de la emergencia; ahora pretenden seguir con lo mismo. El artículo 2.7 establece: “Dispensar de los trámites cambiarios de Cencoex y BCV a órganos del sector público y privado para garantizar las importaciones de bienes indispensables para el abastecimiento nacional” En vez de haber simplificado la maraña de permisería que han creado en estos años para el otorgamiento de dólares, ahora pretenden saltarla obviando los pocos controles que habían establecido. El artículo 2.8 reza: “Requerir a empresas del sector público y privado, incentivar sus niveles de producción” ¿Cómo van a obligar a una empresa privada a producir a pérdida? No hay repuestos, maquinaria moderna, personal calificado, materia prima, servicio confiable de electricidad, de agua ni de transporte. No hay tinta, etiquetas, envases ni cajas.
El artículo 2.9 otorga al ejecutivo Nacional facultades para “requerir a las personas naturales, jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, bienes muebles y mercancías, entre otros, que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos de todos los venezolanos así como también a otros bienes de primera necesidad”. Bueno esto consagra el intervencionismo estatal, la inseguridad jurídica y pone en entredicho el derecho de propiedad. El artículo 4 establece de facto un corralito financiero, algo que les faltaba hacer y que ahora piden la anuencia de la asamblea para consumarlo. Lo que el gobierno pretende es anular la agenda legislativa del parlamento e imponer su propio esquema, tal como ocurría antes. Esta pretensión es inadmisible y no se debe aceptar. La bancada opositora debe argumentar sus razones para rechazar este bodrio y debe enfocarse en la ley de amnistía, la de propiedad de la vivienda, la ley de producción, etc. El régimen en tanto, ya con la anuencia de la Sala Constitucional del TSJ, buscará revestir a decreto de una legalidad de la que carece. No hay que caer en la agenda del gobierno ni en su trampa, pero tampoco confrontar. Dejemos que se cocinen en su propio caldo que falta poco para que salgamos de esto.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas 21/01/2016