Adjudicados de la Misión Vivienda no saben donde pagar las casas

(Foto archivo AVN)
(Foto archivo AVN)

“Hace un mes y medio, para principios de diciembre del año pasado, llegaron unos representantes del Banavih (Banco Nacional de Vivienda y Hábitat) a actualizar los datos de las personas que vivimos en los apartamentos para saber quiénes estábamos viviendo, si los habían vendido, y nos dijeron que nos iba a venir nuestro título de propiedad, pero no sabemos nada. Desconocemos cuánto hay que pagar, o dónde hay que cancelar, porque no hemos pagado nada”, contó Ribel Briceño, quien reside en el Desarrollo Habitacional Catatumbo, parroquia Manuel Dagnino, de Maracaibo, publica Panorama.

Ella vive con su familia, de cinco personas, en uno de los 144 apartamentos que entregó la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) en diciembre de 2012. “Nosotros estamos dispuestos a pagar, previo un estudio socioeconómico. Supuestamente, el Estado exoneraba el 60% del costo y nosotros cancelamos el 40% restante, pero nadie tiene claro eso”, puntualizó Ribel, una de las adjudicadas de las 1.002.802 viviendas que ha entregado el Gobierno nacional en todo el país, desde el 2011, año en el que se creó la misión.

En este complejo habitacional se entregaron 72 inmuebles del plan 0800 Mi Hogar, que desarrolla el Gobierno nacional para aquellas familias de clase media, que sus ingresos son superiores a cuatro salarios mínimos. Estos apartamentos eran los primeros que se entregaban en el país bajo esta modalidad, y según explicó en esa oportunidad el entonces titular de la cartera de vivienda, Ricardo Molina, quien aseguró que se estaban construyendo cerca de 32 mil en todo el territorio nacional con igual número de compradores.

En Villa Metro I, ubicada en toda la avenida Sabaneta, hay aproximadamente 20 casas, de 64 metros cuadrados cada una. Estas familias poseen hasta los momentos el documento de adjudicación. Luz Estela Sanabria, una de las beneficiarias, indicó que ellos solamente han sido visitados por representantes del Metro de Maracaibo (ente ejecutor de estas construcciones); sin embargo, aún esperan el levantamiento de data del Banavih. “Nos dijeron que nos iban a dar el título de propiedad, pero no sabemos cuándo, cómo o dónde. Cuando estas viviendas las entregaron decían que tenían un costo aproximado de 160 mil bolívares, pero los procesos que hay que cumplir para la cancelación no los sabemos”.

Situación similar ocurre en Villa Ana María Campos, en la avenida El Milagro, donde hay más de 60 inmuebles. Karina Pirela, residente, explicó que ellos tienen la propiedad de las tierras; sin embargo, aún no han cancelado el monto de la construcción de la casa, de 48 metros cuadrados. “A finales del año pasado, sostuvimos una reunión con la gente de Corpozulia (ente ejecutor) para ver quiénes eran los que podían pagar, pero eso quedó allí, no avanzó el proceso de protocolización”, contó.

El ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, aseguró la semana pasada que los beneficiarios sí están pagando sus casas, y que Banavih las cobra.

“Absolutamente, cada uno tiene unas características diferentes (de pago), por ejemplo, tenemos la Ley de Refugios Dignos (…), familias que lo perdieron todo en 2010, en 2011 y ¿cuánto les cobramos?, como lo perdieron todo el subsidio llegó a algunos al 100%, dependiendo de los ingresos”, indicó.

El titular explicó: “Ahora, estas viviendas que estamos entregando es con porcentajes de fácil acceso, 4,66%, de allí arranca hasta un 8,66%, dependiendo de la escala salarial, y puede llegar el Banco de Vivienda y Hábitat a financiar el 100% de tu vivienda”.

En el complejo habitacional Virgen Chinita, los representantes de Banavih fueron en octubre de 2015 donde retiraron los requisitos del Plan Nacional de Protocolización y Cobranzas de la Gmvv. “Vino una comisión de Caracas, y ellos mismos nos entregaron los documentos de no poseer vivienda, y nos recibieron el resto de los recaudos. Quedaron en venir en diciembre, para la firma del registro, pero aún ese paso no se ha cumplido. Aquí la mayoría somos familias trabajadoras, que estamos dispuestas a cancelar nuestros apartamentos, según nuestras posibilidades”, contó Luis Camarillo, residente.