En definitiva, el gobierno ha invocado razones de seguridad y defensa de la nación (específicamente, no sabemos si de seguridad o de defensa, acogiéndonos a la acertada distinción de Luis Alberto Buttó, especialista en la materia), para solicitar la aprobación del Estado de Excepción Económica. Rechazado el decreto por la Asamblea Nacional, nos preguntamos sobre las limitaciones para hacerlo recurrentemente y quizá imponerlo por los breves plazos que permitan una aplicación parcial a la espera de una nueva consideración asamblearia, maniobra continua que contribuiría a una mayor desacreditación y hasta desestabilización del régimen.
Invocación elocuente al negarse a una audiencia pública con el parlamento, sin la mínima motivación, por no citar que de la tan grave calificación, tácita o explícita, poco o nada se sabe, pues, le correspondería enunciarla o darla el Consejo de Defensa de la Nación, cuya convocatoria debe incluir al presidente de la Asamblea Nacional. No basta el consabido pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ya inválido por la decisión de los legisladores, porque – yendo más allá del estricto control constitucional – no está debidamente comprobada la “guerra económica”.
Por lo demás, abundan las observaciones, en torno a los recursos que concede la legislación ordinaria para resolver la situación de emergencia que, por cierto, tampoco sabemos cuán excepcional es, ya que se ha convertido en una tenebrosa regla de los últimos años ante la irresponsable negligencia del régimen, cuya tozudez no tiene precedentes. De elevadísimo costo económico y social, quedan en pie tres posibilidades, como la del aumento forzado y habitual del precio de la gasolina que, en las hormas del fracasado modelo en curso, tendría como única e inevitable promesa el desabastecimiento y quizá una insólita importación, como ha ocurrido con los insumos tan básicos en los renglones alimentario, farmacéutico y de aseo personal.
La otra, esperando por algún artificio jurídico alternativo, el enfermizo replanteamiento del decreto de emergencia económica, puede conocer de distintas versiones, como la de una conmoción interior que, sin dudas, agudizaría una realidad que ha siquitrillado a la población. Circunstancia que no autorizaría a la emblemática y apostada confrontación de poderes, sino al agotamiento y desprestigio de los más elementales mecanismos institucionales que, según la prédica, más que la voluntad del constituyente, están orientados hacia la negociación indispensable de los factores políticos.
Por último, abulta demasiado la terquedad de gobernar hegemónica, solitaria y arbitrariamente, a pesar del evidente resultado de los – subrayemos – recientes comicios parlamentarios, formal e inadvertidamente aceptados en la misma medida que la selección de los representantes a Parlatino y Parlasur fue producto de una votación unánime de los diputados, consentida la actual correlación asamblearia de fuerzas. Acaso, hay más de nostalgia que de realismo en un gobierno que, paradójicamente, gozó de la mayor concentración de poder y de los ingresos petroleros más altos en toda nuestra historia, pretendiendo hacer en 60 días lo que no hizo en 17 años.
@LuisBarraganJ