Este miércoles el presidente de la Red de Defensa del Trabajo, la Propiedad y La Constitución denunció que fueron despojados de su finca ubicada en el estado Monagas, explicó que los terrenos fueron invadidos y las hectáreas de yuca sembradas fueron quemadas. Brito calificó la acción como una represalia política.
A continuación su denuncia:
Hoy denunciamos enérgicamente otra acción de despojó por parte de organismos públicos de tomar nuestra finca en San Vicente, en la vía Maturín a Punta de Mata. En la cual tenemos cultivos de Yuca.
La semana pasada le pegaron tres veces candela dañando parte del cultivo en evidente intento de quemarlo. Esta finca tenia unas 60 hectáreas de las cuales fueron invadidas 15 hectáreas en el pasado reciente. El cultivo de yuca era de unas 40 hectáreas. Aproximadamente 10 hectáreas fueron quemadas por manos criminales. Justo en el momento que estamos hablando de escasez de alimentos. ¡Vaya paradoja!
Consideramos esta acción otra represalia política por parte del Gobierno por las posiciones asumidas por la Red por la defensa al Trabajo, Propiedad y Constitución de la cual soy su presidente.
¿Es por denunciar el fracaso de la toma de tierras y empresas privadas como la razón de la escasez y la inflación; así como el despilfarro y malversación en el manejo de estos programas y proyectos? La represalia y el acoso que contra nosotros se pretende.
Les advertimos a los responsables de este siniestro acto que no vamos a bajar la guardia en nuestras opiniones y denuncias. Nos mantendremos firmes en nuestras convicciones y actuaciones. De eso que no se tenga la menor duda.
Una vez más haremos llegar la denuncia de esta nueva medida represiva y abusiva por parte del Gobierno, con la cual ya llevan 17 tomas de propiedades familiares. A las instituciones nacionales e internacionales de cómo actúa el Gobierno contra los que disentimos o emitimos opiniones que demuestran el fracaso de su propuesta de socialismo del siglo XXI.
Este criminal acto manifiesta el grado de primitivismo político de la dirigencia gubernamental donde pretende imponer sus decisiones y atropellos por encima de la propia Constitución.