La oposición venezolana suscribió un pacto previó a las elecciones legislativas del 06DIC15, según el cual procedería a adelantar las acciones necesarias dentro del ordenamiento constitucional para provocar la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República. Ese pacto quedó corroborado cuando el diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup, asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional el 05ENE16 y anunció que “en un lapso de seis meses presentaremos un método para reemplazar constitucionalmente a Maduro”.
INFORME OTÁLVORA / Diario Las Américas
Dos muestreos de opinión pública realizados a mediados del mes de enero señalan que la popularidad de Maduro se encuentra en 10%. Esa “popularidad” es medida mediante preguntas sobre la opinión de los encuestados evaluando la gestión de Gobierno. En ese contexto, la definición de una ruta para forzar la salida de Maduro se ha convertido en un verdadero quiebra cabezas para la dirigencia opositora. A la fecha, según lo recogido entre altos dirigentes de las principales fuerzas opositoras, no existe un acuerdo sobre la vía que la oposición intentará utilizar para desplazar a Maduro de la Presidencia y garantizar la celebración inmediata de nuevas elecciones presidenciales.
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Las principales fuerzas políticas que conforman la alianza opositora venezolana MUD no coinciden en cuanto a la ruta para desplazar a Maduro lo cual refleja, a su vez, las estrategias propias de cada uno de los liderazgos partidistas en su camino al poder. Los dos líderes más importantes, según las encuestas de opinión, el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el preso político Leopoldo López, defienden tesis contrarias. Capriles y su partido Primero Justicia apuestan por la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, mientras la gente de López congregada en Voluntad Popular propugna la elección de una Asamblea Constituyente que dictare una nueva carta política que tendría como efecto colateral el acortamiento del Gobierno Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, por su parte, se pronunció favorable a la opción de una enmienda constitucional que modifique la duración del mandato presidencial, propuesta que ya fue presentada a consideración de la Asamblea Nacional el 02FEB16 por el partido izquierdista Causa R. Sin embargo, al interior del partido Acción Democrática existen dudas sobre la eficacia de este mecanismo. En tanto, María Corina Machado, con poco peso en las encuestas pero con importante impacto de opinión, mantiene la tesis de exigir la renuncia de Maduro.
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Análisis jurídicos y políticos que la oposición venezolana realiza sobre las opciones constitucionales para intentar desplazar a Maduro, resaltan la dificultad de implementarlas ante la parcialidad del Tribunal Supremo de Justicia a favor del chavismo. El control chavista del TSJ se convirtió en la clave del régimen para neutralizar la capacidad de acción de la Asamblea Nacional y amenaza con frustrar intenciones opositoras de revisar las designaciones de los propios magistrados del TSJ y de proceder a la renovación del poder electoral cuyos miembros se encuentran en situación de provisionalidad. Todas las opciones constitucionales asomadas por la Oposición pueden ser obstruidas y retrasadas por medidas del TSJ y pasan por su confirmación en referendos populares a ser organizados por el Consejo Nacional Electoral.
La opción del referendo revocatorio, que enfrentaría predecibles interpretaciones obstruccionistas del chavismo por medio del TSJ, podría resultar extemporáneo, a juicio de varios líderes opositores consultados, ya que de concretarse en una fecha tardía el reemplazo de Maduro sería su Vicepresidente Ejecutivo y no se produciría adelanto de elecciones. La “ventana temporal” para que el referendo revocatorio sea efectivo para la oposición es muy estrecha y lo haría poco aconsejable. Aunque el referendo revocatorio es la vía que contaría con menor resistencia internacional ya que no podría calificarse como una “ruptura constitucional”.
La propuesta de promover una enmienda constitucional que reduzca el mandato de Maduro ha sido evaluada negativamente por juristas opositores, quienes la califican como inviable. La enmienda podría ser anulada por el TSJ con argumentos relativamente simples como la inaplicabilidad retroactiva de las nuevas normas constitucionales. Sin embargo, la enmienda constitucional, cuyo proceso en buena medida depende directamente de la Asamblea Nacional, ha ganado respaldos en los últimos días. Incluso, una fuente cercana al equipo de trabajo de María Corina Machado aseguró a este Informe que la posición a favor de la renuncia podría modificarse a favor de otra vía que reúna importantes respaldos dentro de la alianza opositora.
La reforma constitucional es rechazada prácticamente por la mayoría de los actores por significar un proceso largo que abriría agrios debates, incluso en el propio seno de la oposición, restándole peso al tema de la remoción de Maduro. Una fuente consultada, conocedora de las intimidades del movimiento de Leopoldo López, aseguró a este Informe que su propuesta de convocar una Asamblea Constituyente podría cambiar, de continuar el rápido agravamiento de la situación política y económica.
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En diciembre de 2016 deberían producirse en Venezuela elecciones para escoger gobernadores de Estado y, según proyecciones que analistas opositores, de un total de 23 cargos en disputa la MUD podría obtener 19, de mantenerse la férrea alianza que mostró para las legislativas. La MUD desplazaría al chavismo de los más importantes gobiernos regionales, según analistas consultados. Las campañas para las elecciones estadales coincidirían en el tiempo con las potenciales campañas para un referendo revocatorio, para una enmienda constitucional o para la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente, con lo cual la decisión sobre la “opción constitucional” para forzar la salida de Maduro pasa además por evaluaciones electorales. Todo esto tiene como telón de fondo las alarmantes cifras sobre la situación económica del país y la imposibilidad del gobierno Maduro para sostener los niveles de gasto y de importaciones que abastecieron a la población.