La situación económica en Venezuela es muy grave y compleja. La caída de los precios del petróleo ha frenado las importaciones, la capacidad productiva se ha reducido drásticamente y la hiperinflación es una realidad que se palpa cotidianamente. Sin embargo, el mayor problema es la corrupción.
El dinero robado es incuantificable. De hecho, dos ex ministros chavistas, Héctor Navarro y Jorge Giordani, han hecho algunas aproximaciones: lo robado, a través de operaciones fraudulentas vinculadas al control de cambio, asciende a 300.000 millones de dólares, lo cual se corrobora con la importante investigación realizada por Carlos Tablante y Marcos Tarre titulada: El gran saqueo: quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos. Con datos irrefutables, Tablante y Tarre demuestran que el gobierno se ha convertido en cómplice de la corrupción.
El 25 de noviembre de 2014, el presidente Nicolás Maduro juramentó en Miraflores a los integrantes del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, creado mediante una reforma de la Ley contra la Corrupción, decidida por el Ejecutivo en virtud de la habilitación legislativa que le concedió la Asamblea Nacional mientras estuvo controlada por el oficialismo. El resultado: impunidad.
El 26 de enero de 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto 2198, mediante el cual creó el Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas para todos los órganos y entes de la administración pública. En una alocución pública prometió acabar con “la maldita corrupción” inmersa en algunos los organismos públicos nacionales que, a su juicio, favorecen a “sectores de la burguesía parasitaria que se enriquecen con el dinero del pueblo”. El resultado: impunidad.
La lucha contra la corrupción se ha quedado en el discurso político. Lo cierto es que en el gobierno no existe la voluntad real de perseguir y sancionar las prácticas corruptas. Los negocios ilícitos relacionados con Mercal, la crisis eléctrica, la importación de medicamentos, Cadivi, Bandes, Andorra, entre otros, siguen sin ser investigados. El resultado: impunidad.
En paralelo, la lucha contra la corrupción se ha utilizado como una política para perseguir a la disidencia, a través de la práctica perversa e indiscriminada de la inhabilitación política. Un mecanismo fraudulento ejecutado por la Contraloría General de la República para apartar a los adversarios políticos o potenciales competidores del gobierno. Los procedimientos administrativos conculcan el derecho a la defensa y a la participación política de los afectados.
La lucha contra la corrupción no se resuelve a través de un decreto y tampoco con discursos retóricos. Es una cuestión de voluntad política y de estricta sujeción al Estado de Derecho, para que las investigaciones penales no se conviertan en una mera formalidad destinas a fracasar desde el principio.
Es inútil seguir buscando los responsables donde no están. No es cosa del imperialismo yanqui ni nada por el estilo. Los responsables son los funcionarios que administran recursos públicos y los encargados de investigarlos que no cumplen con sus funciones y, por el contrario, contribuyen con la impunidad.
El gobierno debe atender el problema mediante la promoción y el fortalecimiento de medidas preventivas: debe facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos. Debe dar el ejemplo con una efectiva y oportuna rendición de cuentas.
La corrupción ha afectado a los pobres porque se han desviado los fondos destinados para la construcción de hospitales, escuelas, viviendas, obras de vialidad y, en general, para el desarrollo. Se ha desmejorado la capacidad de ofrecer servicios básicos, se ha fomentado la desigualdad, la injusticia y se ha desalentado la inversión privada y extranjera. La corrupción ha sido un factor clave del bajo rendimiento del aparto económico del país y un obstáculo muy grande para superar la pobreza.
Para enfrentar este problema estructural, la Asamblea Nacional tiene la obligación de revisar las cuentas del Estado y controlar la gestión de los funcionarios públicos a efectos de determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Consecuentemente, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben asumir su papel de investigar y sancionar a los responsables, sin dobleces, ni cortapisas.
Pero también urge la necesidad de disponer de un instrumento que contemple la recuperación de activos robados. No es una simple iniciativa legislativa; la recuperación de activos debe convertirse en uno de los proyectos políticos más importantes para enfrentar la crisis económica. Se requiere la colaboración de investigadores financieros para rastrear bienes; de contadores y auditores para desenredar complejas transacciones; y de abogados especializados en varias áreas del derecho con destrezas para litigar en diferentes sistemas jurídicos. Ese es otro de los retos que tiene la Asamblea Nacional.