Ya nadie duda del uso fraudulento y sectario que ha hecho el gobierno del sistema de administración de justicia para perseguir, detener, juzgar y encarcelar a cualquier ciudadano que se le oponga. En Venezuela hay miles de ciudadanos encausados penalmente por protestar y también muchos presos y perseguidos políticos por disentir del régimen encabezado por Nicolás Maduro.
Cuando hablamos de la administración de justicia, cómo olvidar dos nombres: Eladio Aponte Aponte y Franklin Nieves. El primero, ex presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y el segundo, fiscal del Ministerio Público. Ambos funcionarios se prestaron para el oprobio para la persecución de líderes políticos como Manuel Rosales y Leopoldo López. En vez de ejercer correctamente sus funciones, huyeron a otras tierras y confesaron su crimen. Aponte Aponte y Nieves aportaron las más contundentes pruebas de que el Poder Judicial se convirtió en un arma del gobierno.
Cómo olvidar las acusaciones e inhabilitaciones exprés por inexistentes delitos de corrupción en contra de funcionarios públicos para aniquilarlos como contendores electorales.
Cómo olvidar los miles de enjuiciados por la represión brutal de las protestas y cómo olvidar la violación de los derechos de aquellas personas que viven en la frontera con Colombia y, sin fórmula de juicio, continúan detenidos y procesados con fundamento en decretos de estado de excepción.
Cómo olvidar aquel procedimiento militar que se llevó a cabo en mayo de 2014 para desmantelar los campamentos de estudiantes activistas opositores instalados en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. Y que el resultado fue 243 detenciones e imputaciones por terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de drogas. Por cierto, la pregunta que muchos todavía se formulan es ¿por qué el procedimiento se efectuó a espaldas del Ministerio Público?
Cómo olvidar que los venezolanos fuimos divididos por un discurso de odio y una artificial y artificiosa lucha de clases a lo largo de los últimos 17 años.
Lo cierto es que todos quisiéramos olvidar el oprobio, la persecución, la tristeza, y recordar lo que fuimos: un pueblo libre; con nuestros problemas, alegrías, tristezas y frustraciones, pero libre.
La única forma de olvidar es teniendo amnesia, y precisamente ese es el significado de la expresión “amnistía”, palabra que deriva del griego oamnestia, y que significa olvido. Se trata de un acto jurídico que emana del Poder Legislativo para ser aplicada a una pluralidad de individuos que fueron declarados culpables de un delito y al ser promulgada pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.
En la actual coyuntura política de Venezuela la amnistía se justifica porque esa pluralidad de presos han sido víctimas de una incorrecta administración de justicia.
A pesar de los señalamientos de factores oficialistas para descalificar la iniciativa para liberar a los presos políticos y reconciliar a los venezolanos, el 16 de febrero de 2016 fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional la Ley de Amnistía. Se trata de una iniciativa legislativa que tiene como propósito fundamental lograr la libertad de muchas personas víctimas del poder punitivo del Estado, y lograr la reconciliación de los venezolanos.
Frente a la imposibilidad de lograr justicia en los tribunales, el Parlamento tiene la obligación política y jurídica de atender el clamor de los venezolanos que quieren paz, justicia y reconciliación. Si existiera una correcta administración de justicia, no existieran presos políticos, ciudadanos encarcelados por disentir, ni una diáspora que tiene el deseo de regresar a su tierra.
Hay que tener amnesia para olvidar la injusticia, y por eso se justifica la Ley de Amnistía.
JESÚS OLLARVES / @JESUSOLLARVES