Recuerdo que cierta vez en Roma, por los años ‘70s., mientras debía realizar unos trámites en el Ministerio de Asuntos Exteriores, me equivoqué de sitio y fui a dar a otro ministerio. Era el Ministero di Grazia e Giustizia (hoy Ministero della Giustizia). Ese nombre me causó curiosidad. Indagué y la respuesta fue más curiosa aún.
Desde hacía siglos se mantenía el término “Grazia” como prerrogativa que tenían los gobernantes, dada por una divinidad o dios, casi siempre dictadores y tiranos, para ofrecer su misericordia, buena voluntad, y en fin, para favorecer a quienes placía o le caían bien.
Eso ocurrió en tantos casos que fueron atendidos por la monarquía, reyes y príncipes, para tranquilizar al populacho.
Pues bien, ese nombre de Grazia (Gratia) es la gracia del Poder que se ofrece como una dádiva, un regalo del monarca, tirano, dictador, y con el tiempo, se transforma, en los estados republicanos y liberales, en actos para quitarse de encima (indulto o amnistía) a los enemigos del poder.
En la Venezuela de los siglos XIX y XX existen bastantes ejemplos de estos eventos, cuando los enemigos de los regímenes eran indultados o amnistiados y salían del país. Unas veces con una mano adelante y otra atrás, y en otros momentos con las alforjas llenas de morocotas.
No voy a entrar a catalogar a la inminente ley de Amnistía (Olvido) que prepara la Asamblea Nacional ni mucho menos a parcializarme con los probables amnistiados, indicando si son o no responsables o inocentes de los cargos por los que se les acusa.
Deseo, sí, centrarme en la tradición de malos manejos que en nuestra sociedad han existido con relación a dejar libre a quien, supuestamente, ha cometido algún delito, generalmente de orden político y/o penal contra el Estado o contra terceras personas.
En nuestro pasado reciente los presidentes y gobiernos han ejecutado medidas que favorecieron a personas presas. Recuerdo la realizada por el difunto presidente Rafael Caldera para favorecer a su ahijado Hugo Rafael Chávez Frías. Indulto este que en su momento apareció, para unos, como la consecuencia de la amistad y el compadrazgo. Para otros fue una manera de establecer la paz política nacional.
Muchos han sido los crímenes políticos que nunca fueron investigados ni tampoco sus autores, castigados. La masacre de Cantaura, la de El Amparo. Aquella horrorosa de las montañas de Oriente, cuando lanzaron vivos a unos estudiantes desde un helicóptero militar. Igual ocurrió con la masacre del Encanto. Donde fueron masacrados unos incautos guardias nacionales. O los asesinatos en el canal Venezolana de Televisión, donde participó el oficial Jessi Chacón. O el intento de asesinato de la familia presidencial, de Carlos Andrés Pérez, operación dirigida por el oficial Miguel Rodríguez Torres.
Indicamos esto último porque en la historia política moderna venezolana se arrastran dolores, traumas, heridas que no pueden ser sanadas con una “amnistía” (olvido). Una ley de amnistía, para mí, decidida por una mayoría, políticamente opositora al régimen que detenta el poder, resultaría contraproducente y generaría más resquemores y resentimientos que paz y tranquilidad.
Ante esto considero que sería prudente, sano y justo, actuar en otra dirección: Para quienes se encuentran detenidos, y hasta que sea reestructurado el Tribunal Supremo de Justicia, darles casa por cárcel. De esta manera saldrían de esas instalaciones, notoria y públicamente denunciadas como crueles mazmorras del régimen.
Solicitar a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, la urgencia de constituir tribunales especiales, donde se agrupen jueces probos, e incluso, para aquellos casos claramente delicados, como los de Leopoldo López, Ceballos, Rosales y Ledezma, solicitar a la Corte Interamericana y Penal Internacional, incluir jueces de otros estados, quienes tendrían mucha más imparcialidad.
No creo que esta ley de amnistía que cursa en la Asamblea, aún con sus buenas intenciones, pueda coadyuvar en sanar (por olvido) heridas de tantos años. Y esto porque existen dolientes que quieren justicia, no amnistía ni indulto.
El Estado venezolano debe ofrecer a los ciudadanos actos de justicia claros, sentencias con jueces y fiscales que establezcan decisiones que no dejen lugar a más dudas, y donde la política partidista y de grupos, esté ajena de toda decisión jurídica.
Los ciudadanos necesitamos creer en una justicia y en una institución donde sus integrantes, profesional y éticamente formados, puedan rescatar el poder judicial venezolano.
(*) [email protected] TW @camilodeasis