El drama de la corrupción en Venezuela ha alcanzado bajo los gobiernos de Chávez y Maduro un nivel escandaloso, superando con infinita ventaja cualquier otro período. La tipología desarrollada es una mezcla de enriquecimiento ilícito tradicional, asociado a redes criminales nacionales e internacionales que han creado una estructura de delincuencia económica, blanqueo de dinero, narcotráfico, chantajes, fraudes de todo tipo, cobijados y justificados por una “pseudo-ideología” de izquierda y un liderazgo populista que solo pretende perpetuarse en el poder y continuar extrayendo la riqueza de la Nación de manera impúdica e impune.
Esta inédita clase corrupta penetró el corazón de la institucionalidad democrática del país, demoliendo sus logros, que más allá de las fallas en nada podría compararse con la barbarie actual. Hemos regresado, en una suerte de máquina del tiempo, a la época en que el poder se ejercía arbitrariamente y las decisiones recaían sobre el caudillo de turno, sin la más mínima consideración ni respeto por los derechos humanos más básicos y fundamentales.
La dimensión de esta calamidad ya había sido avizorada por el Libertador Simón Bolívar, quién convencido de que había que adoptar medidas fuertes y extraordinarias promulgó en 1824 un decreto que estableció la pena capital contra todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba…”. Para Simón Bolívar este mal era…”una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República…”
La ambición por el poder y la riqueza no estuvo ausente a lo largo del fatídico siglo XIX a partir de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Los golpes y contragolpes, las revoluciones y contrarrevoluciones, diezmaron y empobrecieron a la población, pero contrariamente enriquecieron a sus cabecillas. Prácticamente todos los presidentes, en su mayoría militares, manejaron la hacienda pública como una caja personal, sin rendir cuentas a nadie.
Sin embargo, fue Juan Vicente Gómez (JVG) quién elevó la corrupción a una cota desconocida hasta entonces. La inesperada y sorprendente bonanza petrolera que bendijo al dictador, fue aprovechada para convertirlo en uno de los gobernantes más ricos y poderosos de toda América. Venezuela flotaba sobre lagos de petróleo y solo JVG tenía el poder para decidir a quién se le entregaban las concesiones para la explotación del oro negro. A través de familiares y amigos construyó una casta que se enriqueció de negocios asociados a la explotación petrolera, incluso JVG creó su propia empresa petrolera, la Compañía Venezolana del Petróleo CVP, como un instrumento para aumentar sus ingresos.
Durante su mandato, particularmente a partir de 1922, Venezuela experimentó el más largo período de estabilidad del negocio petrolero. El país se dio a conocer como una potencia petrolera, que la convirtió en 1928 en el segundo exportador de crudo del mundo. Sin embargo, al patrimonio nacional solo ingresaba el 3% de la renta, hasta las modificaciones de 1943 y 1948 que lo elevaron al 50%.
Su fallecimiento provocó una mezcla de rabia, ira y alegría. El país estaba extenuado por el abuso, la represión política y las miserables condiciones de vida, frente a la opulencia del dictador y su entorno. No pasó mucho tiempo para que los propios gomecistas dieran a conocer la dimensión de las propiedades del General, entre las que se destacaban: 500 casas, cerca de 500 haciendas, potreros, fundos, varias islas (Cauguire, isla del Burro, Chambergo y Otama), acciones en diferentes minas y varias concesiones petroleras (TSJ: 08-02-2013 Exp. Nº 2011-0071).
El Congreso, aun gomecista, a tan solo 9 meses de la muerte del dictador procedió bajo presión social y política a decretar la incautación de todos sus mal habidos bienes. En el decreto se argumentó que esas propiedades habían sido adquiridas a través de fondos ilícitos provenientes del tesoro nacional y que por lo tanto, debían ser confiscados a favor de la Nación. (Gaceta oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nº 19.066 de fecha 22 de septiembre de 1936).
La expropiación de los bienes de JVG no fue suficiente para hacer justicia ante lo despojado al pueblo venezolano. El gomecismo trató de pasar agachado ante la fuerza de los cambios, sin embargo pudo más la tenacidad política y la visión de aquellos jóvenes valientes de la generación del 28, que no descansaron hasta que la dialéctica política los puso frente a aquel octubre de 1945 en que una Junta Revolucionaria Gobierno (JRG) presidida por Rómulo Betancourt, tomó las riendas del poder como única opción para forzar el rumbo hacia la democracia.
Convencidos en que no había que darle tregua a la corrupción, la JRG no dejó impune a los aliados del difunto dictador y decretó el 27 de noviembre 1945 la conformación de un Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa (JRCA) destinado a establecer la responsabilidad de las personas que se habían enriquecido sin causa en beneficio propio o ajeno, prevalidos de la influencia indebida de quienes ejercieron funciones públicas. (Artículo 1 del decreto). Precedido de las actuaciones de la Comisión de Sustanciación, el JRCA logró llevar a juicio a centenares de imputados, algunos declarados inocentes y otros culpables, recuperando para la Nación un poco más de 400 millones de bolívares.
Vencer la corrupción o reducirla a un mínimo soportable no es tarea fácil. Venezuela se enfrenta no solamente al desafío de desalojar del poder al más corrupto gobierno que el país haya tenido en toda su historia, sino que además debe combatir una plaga que se ha extendido a distintos eslabones sociales, que ha hecho metástasis y mutado a formas escurridizas difíciles de detectar.
La transición irreversible que mantiene bajo estrés a todo el pueblo de Venezuela debe abrir un espacio para debatir la estrategia adecuada para la lucha contra la corrupción. Tal como lo hizo Bolívar en su tiempo y la generación que emergió como opción de cambio democrático frente al gomecismo, hoy la clase política que encarna la MUD al lado de la inmensa mayoría de los venezolanos, tiene que plantarle cara a este mal.
Recientemente Venezuela volvió a vivir un período único, esta vez, el más largo de los más altos precios del petróleo en toda su historia. Desafortunadamente con una lamentable coincidencia, bajo un gobierno autoritario que manejó los ingresos petroleros a su antojo, para beneficio de sus principales dirigentes y aliados internacionales, destruyendo prácticamente todo a su paso: la economía, la democracia y el tejido social que lo volvió trizas fanatizando a una parte importante de la sociedad en torno a ideales fundamentalistas. Pero lo más criminal del régimen ha sido la destrucción de PDVSA y ahora el intento de tener como tuvo Gómez, su propia empresa, no solo petrolera sino también minera bajo control militar. Este capítulo inédito, solo visto en aquel oscuro período.
El marco legal que se apruebe para conducir la batalla por la recuperación de lo sustraído y el enjuiciamiento de los responsables, debe incorporar una institución u órgano jurisdiccional especial con competencia exclusiva para perseguir la variedad de delitos que giran en torno al fenómeno de la corrupción. Existe consenso en cuanto a que la corrupción está estrechamente correlacionada con graves violaciones de derechos humanos, y pone en peligro la estabilidad de muchas naciones y el mundo.
Igualmente se reconoce que el esfuerzo para combatirla, ni ha sido suficiente, ni ha dado los resultados deseados.
Es por ello que el juez federal y ex funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos Mark L. Wolf, ha planteado la necesidad de crear una Corte Internacional Anticorrupción, siguiendo las pautas que llevaron a la comunidad internacional a crear la Corte Penal Internacional para procesar a los responsables de violaciones masivas a los derechos humanos por parte de funcionarios de países que les protegían o que no contaban con los medios para enjuiciarlos. De lo que se trata, según Wolf, es que una instancia de esa naturaleza –en caso de aprobarse- abra las puertas para el castigo de los corruptos y con ello facilitar la recuperación de lo robado, revirtiendo la cultura de la impunidad tan necesaria en estos tiempos.
No obstante la existencia de ese brazo jurisdiccional internacional, hay que enfrentar la corrupción en lo interno con determinación y con medios proporcionales a la magnitud de esta calamidad. Dejar en manos de la jurisdicción ordinaria sería arriesgar demasiado. La garantía del éxito de una operación que se extenderá en el tiempo, dependerá en gran medida de cómo se configure la institución. Al mejor estilo del JRCA del 45, pero de este tiempo, debe debatirse sin demora su creación y configuración, llevando a su seno a un personal altamente calificado y comprometido con la justicia, dotado de equipos, presupuesto, tecnología de punta que facilite el rastreo de información, comunicación segura y confidencial, con organismos nacionales e internacionales.
Este Alto Tribunal Anticorrupción tendría al mismo tiempo la misión de devolverle a Venezuela no solo los miles de millones de dólares sustraídos de manera ilícita, enjuiciar y encarcelar a los culpables, sino además contribuir a restituir la moral, los principios, la ética, la confianza y el orgullo de ser venezolano. De esta labor y de la prevención de la corrupción que se haga por otras vías, dependerá que país tendremos en el mediano y largo plazo.