A 27 años del 27F analistas estiman poco probable otro “Caracazo”

A 27 años del 27F analistas estiman poco probable otro “Caracazo”

Caracazo

A 27 años del 27F, fecha que quedó inscrita en la historia del país como “El Caracazo”, la pregunta que todos los venezolanos se hacen es si la actual crisis, sin precedentes en el país desde la desde la Guerra de Independencia, conducirá a un nuevo estallido social, publica unidadvenezuela.org.

Aunque hay gente que ha querido capitalizar políticamente la más seria protesta social protagonizada por los venezolanos, registrada entre el 27, 28 y 29 de febrero de 1989, “´el Caracazo´fue un suceso espontáneo en cuanto a que no hubo planificación previa. Lo que ocurrió fue un encadenamiento de eventos no controlados institucionalmente que terminaron dándole fuerza a gente que estaba en las calles, lo que hizo que se retroalimentara. Fue como un fuego que se alimentaba a sí mismo”, sostiene Luis Salamanca, doctor en ciencias políticas, politólogo y autor de un estudio sobre el tema.





“Fue espontáneo y por eso es que se le llama estallido social, porque la gente se manifestó siguiendo su propio impulso e indignación ante el acaparamiento de productos, por parte de comerciantes, que había en ese momento. No era escasez ni desabastecimiento”, agregó.

Al explicar el contexto político, económico y social que prevalecía en los días previos al “sacudón”, como también lo bautizaron los medios, Salamanca recordó que Carlos Andrés Pérez acababa de tomar posesión como presidente, convirtiéndose en el primero en la historia en ser reelegido para el máximo cargo político del país.

“CAP ganó las elecciones de 1988 con un discurso ambivalente. Por una parte, prometió regresarnos a la ´Venezuela saudita´ de su primer gobierno (1974-1979), época en la que los precios del petróleo pasaron de 2 a 10 dólares el barril, lo cual significó un ingreso espeluznante que creó un ambiente de consumismo muy grande en el país. Fue la Venezuela del “ta ´ barato, dame dos”, la época en la que, se decía, los venezolanos iban a Miami a hacer mercado. Era una vida de abundancia, aunque no lo teníamos concientizado, en la que la inseguridad no era un problema grave. Pero, por otra parte, su oferta electoral también avizoraba el paquete de medidas que anunció apenas asumió la presidencia”, refirió.

“Entre las primeras medidas de ajuste económico que tomó fue el aumento del precio de la gasolina. Eso llevó a los transportistas a elevar las tarifas del pasaje de manera inconsulta, lo que provocó el malestar de la gente. La protesta se inició en Guarenas, cuando un chofer, que se negó a cargar a los pasajeros porque no querían pagar el aumento del pasaje, decidió emprender la marcha y un efectivo de la Guardia Nacional disparó a los cauchos para retenerlo. A partir de allí vino todo lo demás”, rememoró para los que no vivieron el momento.

“La gente se dio cuenta de que podía saquear los negocios y no pasaba nada, y eso se vio por televisión, lo que fue otra cosa muy importante, el efecto multiplicador de la televisión. En ese momento el fenómeno comenzó a crecer porque no hubo respuesta inmediata del Estado, que no tenía entre sus previsiones que ocurriera un estallido social que pusiera en peligro el sistema político. Cuando se dio cuenta de que sí había ese peligro, fue que sacó las fuerzas militares a las calles, pero ya la bola de nieve había crecido mucho”, señaló.

El venezolano siempre ha sido protestón

El comportamiento del Gobierno de CAP se puede entender por el hecho de que, hasta ese momento, el país no conocía lo que era un estallido social. La gente solía protestar, pero hasta allí. “Se tomó como una protesta más, como la que los venezolanos estaban acostumbrados a hacer desde que llegó la democracia: entre 1958 y 1988 se habían contabilizado alrededor de dos mil protestas”, indicó.

“Explosiones sociales como la de El Caracazo son fenómenos poco comunes en la historia moderna, porque se supone que el Estado está preparado para enfrentarlas, acordonarlas, aislarlas, cosa que el gobierno de CAP no hizo en el primer momento”, añadió.

Si la situación actual del país es más grave que la del 89 ¿por qué no ha habido un estallido?, preguntamos al investigador.

“Para que se dé un fenómeno de este tipo deben darse dos elementos – explica -. Uno es subjetivo. La población está sometida a presiones muy fuertes por la escasez, la inflación, la inseguridad, la falla en los servicios públicos, etcétera. Este es el elemento subjetivo. El elemento objetivo viene dado porque las condiciones lo permitan. En el 89 había menos condiciones subjetivas, porque solo había problema de acaparamiento, porque los comerciantes estaban presionando para que se aumentaran los precios de algunos productos que estaban controlados”.

“Por eso, el 41 por ciento de los eventos que se registraron en esos tres días fueron saqueos, según cifras de organismos de seguridad. También hubo ataques a bancos, que fueron menos, y dos o tres ataques contra instalaciones del Gobierno. Los ataques contra los establecimientos comerciales demuestran que el adversario, el enemigo de la gente en ese momento, eran los comerciantes”, precisó.

“En la situación actual, el adversario tiende a ser el Gobierno, pues es al que la gente ve como responsable de la situación. Eso puede ser el elemento objetivo que esté frenando el estallido (…) En este momento, el Estado ha enviado señales muy claras de que está armado hasta los dientes y de que va a reprimir como sea”, aseguró.

“La gente tiene miedo. Un estallido se da porque no hay control, y este no es el caso. Lo primero que se ve en este momento en las calles y en las colas para comprar, son militares, que están allí no para cuidar a la gente sino para evitar una explosión social, para evitar que un evento que se produzca en un abasto se una con el de otro abasto, para apagar la mecha si se enciende en algún lugar. En este aspecto, el Estado tiene una capacidad de respuesta muy grande y la ha utilizado: 2014 es una muestra de lo que puede hacer y eso que no fue un estallido social, sino protestas, y aun así fueron reprimidas salvajemente”, agregó.

Además, la disposición de protesta de la gente ha disminuido, según demuestran las encuestas. El año pasado, más del 70 % de la población señaló no estaba en disposición de protestar, por temor a la represión y por el hecho de que está ocupada proveyéndose de comida, refirió el investigador.

Estado vs el pueblo

Salamanca apuntó que el año pasado hubo 122 saqueos y 152 intentos en todo el país. “Esto indica que el elemento subjetivo está muy cargado, que la presión social de la gente está muy alta. Ahora, el hecho de que esos 122 saqueos no se hayan convertido en una acción encadenada de saqueos, indica que el Estado actuó y aisló cada uno de esos hechos. Allí está la clave: se convierte en estallido si el Estado no controla”.

“En principio, no hay posibilidad de un estallido social”, sostiene el también politólogo. “Pero cuando se habla de estos fenómenos la suma de dos más dos no es cuatro, porque no es una ciencia exacta como las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay un tercer elemento, que es el grado de indignación de la gente, en el que si se mezcla lo moral con lo social con lo político resulta algo tremendo, algo como la fuerza final que puede generar una situación descontrolada”, argumenta.

“Puede llegar un momento en que la indignación sea mayor que el miedo a la represión y entonces la gente decida volcarse a las calles todos a una y cree una situación, también inédita, en la que pondrán en un dilema a las fuerzas armadas en cuanto a si debe disparar o no a la población. Esta es la gran pregunta. Pero esta no la puedo responder”, concluyó.