“Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro” (Simón Bolívar – 10 de diciembre de 1830)
El 27 de abril de 1830, convencido de que su distanciamiento ayudaría a la solución de los conflictos políticos y a la unidad de la República, Simón Bolívar planteó su renuncia definitiva a la Presidencia de la Gran Colombia, durante el Congreso Admirable. Este fue su último intento por evitar la disolución de su sueño, la Gran Colombia. Siete meses después moría en Santa Marta.
La renuncia es un acto jurídico unilateral por el cual el titular de un derecho manifiesta su voluntad de desistir y ponerle fin a ese derecho; y como acto jurídico produce efectos y consecuencias legales. La Constitución Nacional en su artículo 233, contempla la renuncia como una de las faltas absolutas del presidente de la República; un acto unilateral y voluntario, que muchas veces puede no ser voluntario, al ser determinado por las circunstancias y los costos políticos.
A partir de los años ochenta se registraron varias renuncias presidenciales en diversos países de América: Richard Nixon en Estados Unidos; Fernando de la Rúa en Argentina; Fernando Color de Melo en Brasil; Alberto Fujimori en Perú; Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, en Bolivia; Otto Pérez Morales en Guatemala; Hugo Chávez en Venezuela. Todas respondieron a la búsqueda de una solución pacífica a las crisis que estos países soportaban.
Esas renuncias presidenciales, forzadas por protestas callejeras y movilizaciones sociales o por acción de los Congresos y Parlamentos, se lograron porque hoy los tradicionales golpes militares ya no son compatibles. En América Latina existe ahora un respeto más favorable a la democracia y los actores internacionales están más dispuestos a imponer sanciones y altos costos a los regímenes autoritarios.
La crisis por la cual atravesamos en Venezuela es de proporciones tan desastrosas, que la necesidad de un cambio de gobierno es urgente: Crisis institucional, humanitaria, de liderazgo, de vacío de poder y de parálisis nacional. El gobierno está desconectado de la realidad, niega los problemas de desabastecimiento, producción, inseguridad y salud, pretendiendo continuar con un modelo económico fracasado. El 72% de la población avala la salida de Maduro del poder como una alternativa de solución (DatinCorp). 71% lo responsabiliza por la mala gestión de gobierno (Consultores 21). 70% no ve exitoso el modelo económico (Keller & Asociados). 83% rechaza la gestión de Maduro, 52% entre oficialistas (Hercon). 70,4% evalúa negativamente a Maduro y 84% cree que el país está mal (Datanalisis).
La mayoría de los venezolanos clama por una solución, por un cambio de gobierno antes del 2019 y que Maduro se vaya de Miraflores lo más pronto posible. Para eso se han presentado varias vías: Enmienda, revocatorio, constituyente, elecciones generales y renuncia. Muchos consideran que la vía menos compleja, menos traumática, más conveniente para el país y que causaría el menor costo político es la renuncia; pero esta exigencia debe ser impulsada en unión, por la Unidad y con el pueblo en la calle.
Sin embargo, creemos que la renuncia de Maduro por sí sola no lograría solucionar la compleja crisis que transitamos y pensamos que ésta debería estar acompañada por la renuncia del vicepresidente ejecutivo. Ambas ausencias absolutas serían sustituidas por el presidente de la Asamblea Nacional, quien sí garantizaría un cambio profundo, pacífico, constitucional, democrático y electoral; y llamaría a elecciones en treinta días.
No hay ninguna duda que la salida constitucional de Maduro es un clamor que comparte toda Venezuela.