El pasado lunes acompañamos al diputado José Manuel Olivares, presidente de la subcomisión de salud, adscrita a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, a una visita de inspección a dos hospitales del Zulia: el General del Sur y el Universitario de Maracaibo. Realmente sabíamos lo que allí encontraríamos. La protección de la salud no ha sido un derecho que podamos sentir satisfecho en alguna parte de Venezuela, al contrario, va en un proceso de franco deterioro que se traduce en una verdadera crisis humanitaria. Y esto es realmente grave si consideramos que la protección de la salud es una extensión del derecho a la vida. Hoy por hoy, los avances científicos y tecnológicos han permitido que enfermedades consideradas incurables puedan tener un tratamiento que permite al paciente desarrollar sus actividades con casi absoluta normalidad, pero si no contamos con infraestructura, insumos, equipos, medicamentos; las cosas se complican y la vida corre peligro.
Llegamos a la entrada del Hospital General del Sur, Dr. Pedro Iturbe, e inmediatamente comenzaron a acercarse pacientes o familiaresa manifestarnos el drama que viven: listas de espera para una consulta o una operación, escasez de insumos médicos para tratamientos y cirugías, necesidad de realizarse exámenes o registrar imágenes en clínicas privadas porque no hay reactivos o las máquinas están dañadas, obligación de hacer recorridos interminables en las farmacias para conseguir las medicinas con las que no cuenta el hospital, por sólo nombrar algunas de las tantas realidades que sufren los venezolanos. Ya dentro del hospital no sólo constatamos lo que la gente nos había descrito, sino que evidenciamos fallas importantes que dificultan la prestación de un buen servicio: aires dañados en varios pisos, problemas de filtraciones, tres de los cuatro ascensores fuera de servicio, la consulta externa reducida a un espacio inadecuado sin cubículos para examinar a los pacientes, por lo cual el médico utiliza el baño para resguardar la intimidad en caso de que deba realizar exámenes íntimos.
Pero hubo dos cosas que nos produjeron alarma: el espacio destinado a las quimioterapias está siendo ocupado por milicianos encargados de la seguridad en el hospital. No pudimos lograr una explicación de esa situación. Por otro lado, cuando visitábamos el área de hospitalización en el piso dos, vimos un caudaloso chorro de agua que venía del tercer piso. Al preguntar, nos informaron pacientes y familiares que se trataba de aguas negras. Sin creerlo, subimos hasta allá, constatamos el fétido olor y vimos -en efecto- el piso inundado de aguas negras. Algunos trabajadores hacían esfuerzos para reducirlas, mientras cinco pacientes eran sometidos a diálisis. Para nosotros eso era increíble, eso sucedía en la unidad de diálisis del mencionado hospital.
Pudimos además corroborar hechos como el de una indígena perteneciente a la etnia yucpa que gritaba desesperada porque su esposo debía ser sometido a una operación para amputarle la pierna porque, luego de una fractura, no hubo los insumos para atenderlo adecuadamente y su pierna se necropsó. Sinceramente terminamos sintiendo impotencia al ver una realidad que nos golpea con mucha fuerza. Hemos retrocedido muchas décadas en una materia en la que llegamos a ser pioneros.
Luego de esa visita al Hospital General del Sur nos trasladamos al Hospital Universitario de Maracaibo. Grupos afectos al PSUVimpidieron nuestra entrada y agredieron a los periodistas que cubrían la actividad. No hay razón alguna que justifique esa actitud. Sin embargo, más allá de esa conducta, pudimos obtener valiosa información que los mismos pacientes, familiares, empleados y médicos de la institución nos aportaron. Todo ello irá al informe final que presentará la subcomisión y esperamos sirva para que se apliquen los correctivos y se provea a nuestra gente del acceso a la protección de la salud que hoy les es negado. El gobierno no puede ocultar lo que está a la vista. Tiene la obligación de actuar porque por allí se va el derecho más importante que es la vida.
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