Manuel Corao: Cuando la justicia se quita la venda

“El que no castiga el mal manda que se haga”.
Leonardo Da Vinci

Al saludar a un juez, siento el mismo recogimiento que me embarga conversar con un maestro de escuela. Igual sensación de reconocimiento me produce contactar a un médico, sacerdote o pastor de pueblos o barriadas populares.

Ello está fundamentado en la tranquilidad de recibir lo que en controversia por ecuanimidad nos corresponde apegado a los códigos, la jurisprudencia y a su justo proceder, saber y entender. Impartir justicia es vocacional; ser justo es un anhelo.

Los magistrados escogen estudiar las compilaciones contentivas de leyes y se sumergen en las fuentes del derecho para alcanzar ese empeño. Ellos recorren los pasillos de edificios tribunalicios con el fiel de la balanza en su mente y la venda en su intención.

En Venezuela, hoy por hoy las cosas son diferentes. Quienes juraron ser justos, independientes, apartados en el ejercicio de sus funciones de influencia ideológica, militancia política, color, credo, sexo y condición social entre otras exigencias por parte de la sociedad, fueron removidos apresuradamente por un gobierno comunista bajo la iniciativa del extinto gobernante Hugo Chávez.

A quienes no accedieron de buen fe, les aplicaron el ácido de la calumnia, levantarles falsos expedientes con tamaño calibre de delitos que los obligaron abandonar el país, no sin antes dejar sentado su acoplo a la ley al tomar valientes arbitrajes donde el Estado ejecutor quedó mal parado.

La cada vez mayor presencia del elemento político en los estrados y el relajamiento en las exigencias para optar a un juzgado por advenedizos profesionales del derecho, llevó a quienes hicieron de su quehacer un apostolado dedicarse a otras actividades conexas con su aprendizaje universitario.

El profesionalismo de veredictos y la inamovilidad son cosa del pasado. Todos los trabajadores imparciales son contratados por corto tiempo renovable y en cualquier momento pueden ser cesanteados sin mayor explicación. La razón de su alejamiento generalmente es por no cumplir instrucciones extrañas.

Es tal la complicidad de los magistrados en actos reñidos con la administración de Justicia que el máximo tribunal del país es considerado el bufete de abogados del régimen, al emitir sentencias con indicaciones alejadas de la Constitución Nacional.

Como ejemplo de ello; esta semana para blindar la destitución de corregidores militantes del PSUV que fueron designados violando el procedimiento de su escogencia por parte de la directiva saliente de la Asamblea Nacional, emitieron la sentencia número nueve del primero de marzo de la Sala Constitucional prohibiendo al ente legislador realizar control de sus actos, como también limitar la observación política gubernamental y la administración pública, en general.

En estos señalamientos la sala excluyó a miembros de la Fuerza Armada Nacional, de toda indagación. Reduce sus actuaciones al contacto oficial con el Comandante en Jefe Maduro.

Decidieron que son inconstitucionales las normas del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos ante la Asamblea Nacional , y sentenciaron a capricho la manera a poner en práctica actividades de control. A todas luces se ve la intención beligerante, mas no el ánimo de hacer justicia como corresponde a cualquier juez.

La reacción internacional ante tal atropello no se hizo esperar. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó la imposición de sanciones a Venezuela por “la continua erosión de los derechos humanos, persecución de opositores políticos, limitación a la libertad de prensa, uso de violencia y violaciones a los derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales”. Los manifestantes opositores son detenidos de manera “arbitraria”, comenta el mandatario Obama, y existe una “irritable presencia de importante corrupción en el gobierno”, puntualiza.

La Asamblea es el asiento de los representantes del pueblo escogidos libremente mediante el sufragio universal. No hay excusa para las actuales autoridades legislativas de cumplir con lo prometido y recomponer los entuertos relacionados con nominaciones en otros poderes indebidamente designados por la Asamblea anterior. Es su deber alcanzar tales metas cumpliendo estrictamente con lo establecido en la carta magna. Cuidado y se apresuran