Quién hubiera pensado que en su afán de controlarlo todo, el régimen llegaría a lo que hoy trata de imponer con su pretensión de convertir nada menos que al Tribunal Supremo de Justicia en su asamblea particular. A nadie sorprendería, según la tendencia, ver al máximo tribunal de la república promulgado las leyes que Maduro y su combo está necesitando para atornillarse en el poder contra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que el pasado 6 de diciembre se pronunció y que sigue ratificando su decisión de cambio a través de los distintos medios a su alcance.
Recordamos en estos momentos como comenzó todo: fue en las primeras de cambio del primer gobierno chavista, cuando por imposición arbitraria de sus entonces pichones de dictadores, desconocieron la voluntad popular de designar sus juntas parroquiales mediante el mecanismo de la elección popular directa, por esa nueva forma de organización primaria en los municipios, los consejos comunales, a través de la cual se iniciaba el control directo del Ejecutivo Nacional en este ámbito territorial, con miembros directamente escogidos por el partido de gobierno. Paralelo a estas, la creación de cooperativas que, por falta de control, se convirtieron en nichos de corrupción para un nutrido sector de dirigentes chavistas de base
Luego vinieron otros ensayos que a lo largo fracasaron de manera estruendosa y con las nefastas consecuencias que hoy padece el pueblo, como el desarme de las policías municipales que automáticamente se convirtieron en indefensos organismos de seguridad ciudadana, ampliamente superadas por el hampa, con los resultados que hoy todos conocemos.
Igualmente, al comercio formal de alimentos le aparecieron las redes paralelas del sector gubernamental, con el agravante de que una institución básica para el sostenimiento de la economía del país, como Pdvsa, fue distraída de su función para mal ocuparse de la distribución de la papa del pueblo, con los resultados que todos conocemos: primero la pérdida de miles de toneladas de alimentos y la pérdida multimillonaria de divisas, mientras la industria petrolera se venía al suelo por falta de mantenimiento y de una innovación tecnológica que le permitiera competir en el mercado internacional en igualdad de condiciones con loa países exportadores del crudo; al extremo de vernos obligados a presenciar lo que hoy es motivo de vergüenza mundial, como es tener que comprar a otras naciones, incluyendo al propio “imperio”, petróleo liviano para mejorar el nuestro, y hasta los componentes básicos para la producción de gasolina de alto octanaje.
Y hablando de destrucción de la industria petrolera y también de paralelismo, a la par de la compra de costosos equipos para la guerra (contra no se sabe quién) nuestras fuerzas armadas fueron incorporadas también a tareas de distribución de alimentos y, ahora de control de las colas en los supermercados, mientras por nuestras fronteras se incrementa escandalosamente el tráfico de drogas, en muchos casos con miembros de la propia institución involucrados en ese delito. Y vaya, si exagera el régimen en la concentración de poderes, con los militares como aliados, que a la empobrecida Pdvsa, se le crea una empresa paralela manejada por el sector castrense para ocuparse de asuntos medulares de la industria y, más allá, de la riqueza minera del país.
Todo esto después de haber montado gobernaciones paralelas en las entidades regionales del país donde la oposición es gobierno, entre ellas las gobernaciones de Miranda y Lara y la Alcaldía Metropolitana, así como con actores políticos del PSUV a la cabeza mantenidos en permanente campaña electoral, pese a su reiterado fracaso como administradores y como dirigentes partidistas.
Pero, por si fuera poco, lo que viene sucediendo desde el propio momento cuando la oposición recibió el mandato de la inmensa mayoría de los venezolanos para acabar con el estado de corrupción y engaño al que ha venido siendo sometido durante estos largos años, es lo que ocurre con el TSJ. Pues en su afán de invalidar ese triunfo y esa decisión soberana del pueblo, se las ingenian para impedir la mayoría calificada que le permita a la nueva Asamblea contribuir a poner orden en el país y buscarle una salida institucional a la crisis que hoy padecemos, con la separación del cargo del principal responsable del desastre. No obstante, precisamente por la inexperiencia y torpeza del grupo de magistrados, no de carrera sino designados a la carrera, sus ejecutorias no tendrán validez, porque hay una Constitución y una férrea voluntad de un pueblo que no está dispuesto a seguir soportando al peor gobierno de la historia del país. Ya basta, dicen las encuestas y, como lo hemos señalado en anteriores entregas, ya es hora de que se vayan porque nadie los quiere.
@JJMorenoA