Quien en nombre de la libertad renuncia a ser el que tiene que ser, ya se ha matado en vida: es un suicida en pie. Su existencia consistirá en una perpetua fuga de la única realidad que podía ser. José Ortega y Gasset
Aseguran que en la era de las cavernas eran normales los “golpes y porrazos” con los que el Ejecutivo atropella a la Asamblea Nacional, y, con ella, a la voluntad manifestada por un electorado irrespetado hasta más no poder por quienes se llenan la boca ante los organismos internacionales diciendo que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, nada más alejado de la realidad, cuando asistimos a la actuación trágica del Olimpo jurídico que produjo la Sentencia N° 9 de la Sala Constitucional que limita facultades constitucionales del parlamento patrio.
Ese mismo formato, restrictivo de garantías y derechos constitucionales, lo viene aplicando el máximo tribunal desde el ascenso de los chavistas al poder. Hoy, esa privación de derechos, se siente con mayor apremio porque afectaría a la Asamblea Nacional, pero sobran limitaciones impuestas a innumerables ciudadanos sin la garantía de un recurso efectivo ante el Olimpo jurídico, que con actuaciones trágicas refrenda injusticias a lo largo y ancho del país, como la infligida a los condenados por la Masacre de Campo C en el Estado Táchira, o, al otro extremo del país, a la editora de la Nueva Prensa de Guayana, Jalousie Fondacci de Gamarra, y a su asistente, Solange del Valle Álvarez de Rendón.
El TSJ proscribió su rol garantista, convirtiéndose en aladid de las maniobras políticas judiciales denunciadas por el ex Magistrado Aponte Aponte, y, más recientemente, por el Fiscal 41° del Ministerio Público, Franklin Nieves, y que han sumido a un número significativo de ciudadanos en causas penales en las que a diario se vulnera la confianza en la administración imparcial de justicia, sin fundamentos jurídicos ni fácticos que avalen su tramitación en juzgados del país, la mayor de las veces a cargo de jueces que le habrían vendido el alma al diablo; actuaciones trágicas en el mundo jurídico, gestadas al calor del morbo y perversidad de quienes integran el sistema judicial venezolano, acreedor de una mácula mayor con el rechazo de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que como toda reacción visceral amenaza con impregnarnos con su inmundicia.
Lo que hoy calificamos como un atropello a la voluntad popular, en cuanto impronta a la Asamblea Nacional, tiende a ser germen de acciones de igual tenor en apariencia ajustadas a derecho, al marco constitucional, como sería con este régimen la violación de derechos humanos en nuestro país al igual que en Cuba y por lo que Jhon Kerry desistió de visitar esa nación. Escuchar decir, a un connotado adversario del régimen, que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional de poco servirá, al igual que me lo refirió un perseguido político desde Miami, no sólo es desdecir del poder del voto que sufragaron para cambiar la correlación de poderes en Venezuela sino también es hacerle el juego al gobierno apuntalando la percepción de la supuesta ineficacia parlamentaria, que cada día pareciera cobrar mayor fuerza en amplios sectores de la sociedad venezolana.
A voz en cuello, los encumbrados personeros del gobierno llevados por su delirio recurrente pretenden posicionar la ineficacia de quienes prometieron un cambio que no se vislumbraría con la contundencia de las promesas portadoras del mismo. Lo que muchos llaman confrontación, no sería tal para miles de venezolanos, que por obra y gracia del régimen, empiezan a ver en las realizaciones del parlamento acciones inútiles, conduciendo al desdén por la función contralora, de investigación y sanción, que de momento ha visto mermada su efectividad con la incomparecencia de miembros del gabinete nacional, descollando el evasivo Defensor del Pueblo, Tareck William Saab.
Gladys María Gutiérrez Alvarado y Maikel Moreno, rivales acérrimos, serían los artífices de decisiones que, como la Sentencia N° 9 endilgada a Francisco Carrasquero, tienen como único objetivo hacer nugatoria la real y efectiva participación democrática del pueblo venezolano. Son ellos, Gladys y Maikel, quienes direccionan las actuaciones restrictivas del ejercicio de derechos constitucionales, como las limitaciones que pretendieron imponer al control político del parlamento, además de facilitar persecuciones penales para aniquilar a quienes osen defender la democracia o aquellos que los secunden, cuanto más para sacar del camino a personas que pongan en riesgo los intereses del régimen, como es el caso de empresarios larenses procesados penalmente para privilegiar a Luis Reyes Reyes en el proceso eleccionario del año 2012, donde participó como candidato del PSUV a la Gobernación del Estado Lara.
Maikel Moreno, más que Gladys María, es el responsable de las violaciones de derechos humanos a políticos, estudiantes, twitteros, empresarios, a la gente del petróleo, policías metropolitanos, diputados electos privados de libertad y a cuanto ciudadano se encuentra inmerso en causas penales sin derecho a la tutela judicial efectiva ni al debido proceso. Claro, Gladys María Gutiérrez Alvarado, más que Maikel, será quien lleve sobre sus espaldas la culpa de que deposiciones de la Máxima Interprete de la Carta Magna sean asumidas como propias de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en desmedro de nuestra democracia y para despecho de quienes votando por la MUD no avizoran el cambio que esta vez se procura pidiendo a la OEA la activación de la Carta Democrática, mientras se concentran en solicitar la renuncia a Maduro
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