Al conocer la cronología del caso de persecución política contra Manuel Rosales y considerar sus seis años y diez meses de clandestinidad, exilio y cárcel, no queda otra que pensar que nos encontramos frente al ilegal proceder de un régimen que desconociendo los derechos humanos, la Constitución de la República y el ordenamiento legal, perdió su legitimidad democrática.
Esta situación se viene presentando desde el 13 de septiembre de 2004 cuando por la vía de una investigación del Ministerio Público se desata una situación que todavía hoy, marzo de 2016, mantiene injustamente en la cárcel a un luchador social y político que ha enfrentado con dignidad un proceso fraudulento, sustentado en pruebas falsas, sin acusador y una artimaña de acciones que sólo han puesto de manifiesto la descomposición de un régimen que niega a los ciudadanos hasta los más elementales derechos humanos.
En el caso de Manuel Rosales, y de todos los presos políticos venezolanos, queda claro el quiebre de la democracia, del sistema de libertades y garantías consagrados en la Constitución, lo cual hace responsable al régimen de unos delitos que no prescriben.
La garantía y ejercicio de los derechos humanos se encuentra existencialmente vinculada al ejercicio de la democracia. Dado que los derechos humanos abarcan tanto a los derechos de la persona física como a los derechos de la persona moral, no sólo los hechos de fuerza y de violencia alimentan la violación de estos derechos. Hay también formas sutiles o no violentas de atentar contra la condición humana, por ejemplo, cuando se pretende imponer una sola y excluyente visión de la vida y de la sociedad. También se violan los derechos humanos cuando el pueblo elige a sus gobernantes en un proceso más o menos democrático, pero no hay separación real de poderes y no existe Estado de Derecho, ni funcionan los mecanismos institucionales para proteger la libertad de expresión, de prensa, asamblea, religión y propiedad.
En Democracia las elecciones no bastan si el sistema que ellas alimentan no protege la dignidad y la autonomía del hombre contra todo tipo de coerción, venga de donde venga. Desde esta perspectiva, es indisoluble la relación entre los valores éticos de la democracia y los derechos humanos. Por tanto, el primer valor ético de la democracia es la garantía, el respeto y el progresivo desarrollo de todos los derechos reconocidos. En otras palabras, el respeto de los derechos humanos constituye la esencia de la democracia y se debe atender con especial cuidado tanto a la persona individual como a la social.
No se puede hablar de derechos humanos si éstos no son efectivos, si no están respaldados por garantías jurídicas, garantías previas que se ubican en la base de la estructura sociopolítica y jurídica del Estado. Por tanto, los derechos humanos no pueden desarrollarse si, finalmente, la separación de poderes, el sistema de tutela jurisdiccional, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el control político que debe ejercer el parlamento, se convierten en ficciones. En suma, sólo en democracia hay respeto por los derechos humanos.
Los derechos humanos corren peligro cuando se limitan los ámbitos individuales y sociales de libertad pero también cuando hay hambre, miseria y cuando se nos cierran las oportunidades y espacios para pensar distinto.
Diputado a la Asamblea Nacional y al PARLASUR