¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Serían las menores exclamaciones de cualquier venezolano ante un gobierno que criminaliza al periodismo independiente, judicializa a la información, difama y apresa al denunciante e impone la censura previa como cerco para dar muerte al mensajero de la anticorrupción y a quienes luchan contra excesos. ¿Qué se pudiera pensar ante las primeras palabras y la sospechosa conducta de Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar, por tratar de desmentir a quienes, valientemente, se atrevieron a denunciar la terrible masacre de Tumeremo? ¿Acaso no se aparta de las primerísimas preocupaciones y responsabilidades que debería manifestar un ciudadano de tan importante investidura? Este desacato constitucional descarado revela, además de insensibilidad, irresponsabilidad, precipitada vocería, previa ocultación sin investigar la verdad, violación y negación de los deberes que tienen las personas para defender sus derechos contemplados en la Constitución Nacional. ¿Será que ese, “¡Así, así es que se gobierna!” [Sic], deja al ciudadano común fuera de su deber y tiene que atenerse a las consecuencias de un gobierno, que coloca a su ideología y excesos, por encima de la preservación del bien del país, de los derechos y las buenas costumbres de los venezolanos?
Este mismo modo operandi pareciera buscar el silencio de la prensa libre que se atreve a publicar a sus innumerables investigaciones sobre la corrupción de personeros y funcionarios del gobierno. Para ejemplo, está la actuación del Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, que emite, en la madrugada del viernes 11 de marzo, una sentencia condenatoria contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres. El mismo rotativo en su edición del pasado 11-3-16, dice que: “se castiga al presidente editor de este rotativo”, por revelar, “la existencia de un proceso de extorsión emprendido por el coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Juan Carlos Álvarez Dionisi, a la alta gerencia de CVG Ferrominera y sus contratistas. Según los testimonios recogidos en el expediente de la Dgcim, el militar extorsionó a directivos de la estatal ferrífera y empresarios de la región a cambio de no incluirlos en una supuesta investigación que emprendía Álvarez Dionisi, según la cual los extorsionados formarían parte de una llamada mafia del hierro.” Y sin quedarse corto, el mismo diario aclara que: “El oficial Dionisi fue apresado por estas denuncias.” Y que, “Como resultado de las averiguaciones, el presidente para ese entonces de la estatal de hierro, Radwan Sabbagh, fue destituido del cargo en mayo 2013. Luego Sabbagh, tres gerentes de la empresa y el empresario Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia y de la empresa Corpobrica, fueron detenidos e imputados”. A causa de estos incidentes, los venezolanos se preguntarán, ¿qué busca el gobierno Nacional y sus tribunales al proceder contra el periodismo investigativo y castiga a quienes denuncian omisión o abusos de autoridad? ¿Será que quieren imitar a Tigranes, aquel emperador armenio que refiere el geógrafo e historiador romano Estrabón, y que es tratado también, por el historiador griego Plutarco en su conocida obra Vidas Paralelas? Tigranes (95-65 a. C.), después de matar al mensajero se queda sin agentes de inteligencia y sin hombres que le lleven información para terminar sentado, tal como lo narra Plutarco: “mientras la guerra crecía a su alrededor, dando oído solo a aquellos que lo halagaran”.
Víctor Vielma Molina/Educador/[email protected]