En fecha 16 de los corrientes, a Comisión en cuestión trató la materia y, con mucha sensatez, acordó plantear la conformación de una comisión mixta junto a la Permanente de Desarrollo Social, solventando un problema del Reglamento Interior y de Debates que, absurdamente, le concede a ésta una exclusiva competencia que la práctica parlamentaria dijo resolver en el pasado período legislativo. Claro está, por lo visto, el quiste de cemento presuntamente ha concluido, ejemplificando más que la lentitud de las diligencias parlamentarias y la indiferencia del ejecutivo municipal, la saturación de problemas que establece una cierta prioridad, por lo menos, en el terreno asambleario.
Veamos que, si bien es cierto que la Comisión de Desarrollo Social Integral ha de atender la materia, según el Reglamento de Interior y de Debates, no menos lo es que dicha Comisión se ocupa de un mayor número de temas como seguridad social, mujer e igualdad de género, trabajo, salud, educación, deporte, y, en consecuencia, habría que esperar demasiado. Además, un riguroso y formal apego a las competencias de la Comisión de Cultura, dedicada reglamentariamente a la difusión y promoción de las manifestaciones y tradiciones autóctonas, promoción de las culturas populares constitutivas de la venezolanidad y respeto a la interculturalidad bajo el principio de la igualdad de las culturas, en lo teórico estaría impedida de asumir temas como las nuevas industrias culturales, cine, derechos de autor, bibliotecas, música, museos: lo establecido en los numerales 7 y 13 del artículo 39 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, no impide que la Comisión de Cultura se imponga de la modificación ilegal del Palacio Municipal y confluya con la Desarrollo Social, como está planteado.
En el quinquenio pasado, no sólo la Comisión de Cultura atendió casos como el edificio Toki-Eder de Caracas, la Casa Fuerte de Barcelona o la Ópera de Maracay, sino que la mayoría parlamentaria de entonces, investigó el de la afectación de la Casa de Gobierno de Los Teques, prosperando una investigación con la que no logró demostrar la responsabilidad del gobernador Capriles, sino – al contrario – evidenció su diligente actuación para preservarla dada la herencia que recibió del gobierno regional anterior. Es decir, la Comisión si afrontó el problema del patrimonio histórico, bajo el Reglamento sancionado en 2010.
Algún día, no sólo los estudiosos en materia patrimonial, sino en la constitucional y parlamentaria, darán cuenta del deterioro que tratamos de atajar en el tratamiento institucional de los problemas suscitados. Mientras que estas cosas ocurren, Nicolás Maduro y sus adláteres, enfermizamente, intentan la estridencia alrededor del Decreto Obama, obviando el caos que ha generado desde Miraflores.
@LuisBarraganJ