Como en todos los casos que involucran la vida humana y el quebrantado derecho a vivir, tal cual es la situación actual en Venezuela, callar es aceptar y aceptar es propiciar, es respaldar asesinos y asesinatos. Algo así no se puede ocultar. Hay que decirlo. Hay que gritarlo por donde vayamos. Por acción u omisión, en casos de vida humana da lo mismo: el gobierno venezolano debe ser señalado por delitos de lesa humanidad.
Aunque la Constitución Nacional de manera expresa indique lo contrario, no existe ningún tipo de garantía para la vida en Venezuela. No existe. Un Estado forajido, del que comienza a salvarse ahora la Asamblea Nacional, donde todos los organismos que debieran proteger la vida en general, y así los derechos humanos, se dedican es a buscar y percibir ganancias extras sin ningún prurito propiciador de un freno que impida llevarse en lo cachos a cualquiera, con tal de conseguir su objetivo, no es lo que se llama un Estado de Derecho.
¿Qué han sido las OLP implementadas por el Estado venezolano? Allanamientos ilegales y cientos de muertes cubiertas con mantos de protección social. El control de las armas, que debería estar en manos de los militares, lo tienen los malandros, los pranes, los colectivos, todos ellos poseedores incluso de armas de guerra, incitados, alentados y sufragados desde las más altas esferas del poder en el país.
Militares y policías se tornan agresivos y lesivos hasta la muerte de ciudadanos que luchan porque les sean reconocidos sus derechos. No hay escrúpulos en la desprotección ciudadana ni en el quebrantamiento de la reglas hasta llegar a matar, debido a que son aupados, hasta con programas especiales, por el gobierno nacional. Se sienten protegidos, o sea, como decimos, guapos y apoyados. Bien apoyados.
La desprotección al derecho a la vida pasa por el abandono de los hospitales, por la carencia de medicamentos, por la imposibilidad de conseguir los alimentos diarios, por ausencia o carestía, por la delincuencia inhumana desatada y por el blindaje de los cuerpos de protección contra el ciudadano. Vivir en Venezuela no es vivir, es una exposición permanente de la vida al terror de ser acribillado, acuchillado, desmembrado, como en Tumeremo.
Aparecerán dos, tres o cinco chivos expiatorios señalados de culpables, inocentes o no, con tal de tratar de lavar la sangre y el horror. Pero sólo los ingenuos pensarán que Rangel Gómez está exento de saber lo que ocurrió y las posibilidades de que ocurriese, que el alto gobierno no sabe cómo se bate el cobre, o, digamos, el hierro, el oro, los diamantes, las mafias en Bolívar. ¿No saben acaso de la existencia de pranes y organizaciones paralelas al Estado? ¿No saben de las mafias sindicales y mineras? ¿No saben, chico, de la mafia de la construcción en Ciudad Bolívar por poner un ejemplo de los más visibles en la capital de ese estado? ¿No saben quién comercia los productos para la construcción?
La Guardia Nacional impidió que se profundizara la protesta en Tumeremo, como sabe hacerlo. Buscan callar a un pueblo enardecido y cansado de tanto. La sangre llegó al río de nuevo, pesadamente. El horror de Tumeremo se suma al de las muertes diarias por acción u omisión, repito, del gobierno nacional, a la de los estudiantes y otros protestantes, a la de los desprotegidos ciudadanos comunes y corrientes a quienes una o varias balas, la inanición, la ausencia de medicamentos o la desatención en los hospitales les acaban la vida.
Este es, sin duda, un gobierno sanguinario y mortal. Tumeremo será una marca indeleble, dentro de todas las indelebles marcas rojas, pero rojas de sangre de estos gobiernos bolivarianos de la V.