El 25 de enero, el abogado especialista en Derechos de los Niños, Carlos Trapani solicitó en nombre de Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP) una medida preventiva anticipada en contra del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y a favor del acceso de los niños, niñas y adolescentes (NNA) para medicamentos esenciales y a la protección del derecho a la salud.
El documento presenta 21 casos registrados en los medios de comunicación de vulneración de esta protección. Aguardaron por una respuesta 12 días continuos. El 11 de febrero la medida fue negada. El juez alegó que no se probó fehacientemente la existencia del desabastecimiento.
“Primero, la Ley no te habla de pruebas fehacientes, la ley de habla de al menos una presunción grave sobre vulneración del derecho”, explica Trapani indignado. “Y nosotros no nos basamos en los casos, nos basamos en el decreto de emergencia económica, que establece que hay un desabastecimiento. Esos son hechos públicos, notorios, comunicacionales, no sujetos a prueba”.
Con episodios como la negación de la medida para proteger a los NNA privados de tratamiento médico debido al desabastecimiento, queda en evidencia que en materia del acceso a la justicia para niños, Venezuela está en mora.
El primer ranking de ‘Acceso a la justicia para niños’ publicado este año por ChildRights International Network posiciona a Venezuela en el puesto 75 de 191 países que fueron evaluados por la organización internacional. Si se compara con las calificaciones obtenidas por el resto de América Latina, Venezuela es el penúltimo de Sudamérica y el antepenúltimo de los países de habla hispana del continente.
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