Silvia Alegrett, coordinadora general de la organización no gubernamental Expresión Libre, denunció la grave situación del sector, como la calificó, durante una protesta pacífica realizada este miércoles en Caracas, la cual contó, entre otras entidades, con el aval de Espacio Público y de diputados de la Unidad Democrática.
Prensa Unidad Venezuela
“Ochenta periódicos están en peligro de cerrar por no tener papel, pues el gobierno maneja el monopolio del insumo, aunque constitucionalmente eso se encuentra prohibido. Por tal carencia, esta semana cerraron doce medios impresos, a fin de ahorrar papel. Tanto en Carnaval como en Semana Santa cerraron para vivir un mes más”, dijo.
“A nivel de prensa se ha perdido el 70 % del espacio informativo con el cual se contaba. En 2013 teníamos 115 diarias y actualmente hay 93. Salieron de circulación por presiones publicitarias – porque el Ejecutivo domina la publicidad, sobre todo, en los medios regionales -; o no tenían papel, planchas o tintas”, manifestó la también expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
La comunicadora explicó que las autoridades utilizan distintos mecanismos para cercenar la actividad: a través de leyes que restringen la libertad de información; mediante disposiciones tributarias que, inclusive, han conducido a la quiebra; o por vía de procedimientos judiciales incoados, por ejemplo, cuando se publican fotografías de sucesos que al régimen no le interesa que se difundan.
“La libertad de expresión en Venezuela está en peligro de extinción y un país que no tenga libertad de expresión no tiene democracia. Aquí, sin medios, lo que hay es una dictadura”, indicó.
Expresó que los medios privados pagan por el papel a la corporación estatal Alfredo Maneiro pero, luego, esta no entrega las bobinas sino solo la mitad. “Nadie le regala los dólares a la prensa para comprar papel, no están financiando a los medios privados – como dicen por ahí -. Los empresarios tienen derecho a las divisas para traer el papel que aquí no se produce, a pesar de que el extinto presidente Chávez creó, supuestamente, una industria para hacerlo. Hay que importar los materiales a través del control de cambio. Liberen, entonces el dólar para que cada firma pueda importar sus insumos y trabajar”, aseveró, destacando que lo que pretende la administración de Miraflores es imponer la consabida hegemonía comunicacional”.
Apuntó, asimismo, que “la Ley Resorte está totalmente errada porque debería ser orgánica – así se aprobó en el 2004 -, debido a que maneja temas de derechos humanos fundamentales. Desde su nacimiento como ley ordinaria es inconstitucional. El gobierno ha legalizado lo ilegal. Lo primero que hay que eliminar de la Ley Resorte es que se condicione el contenido de los medios. También tenemos el caso de las cadenas: cada vez que hay una le impiden como ciudadano ver o escuchar lo que Ud. quiere”, acotó.
Enfatizó que el área está normada en el orbe. “Cuando en el país se expropia una empresa de comunicación o se violenta su derecho de poder operar se vulnera una garantía que internacionalmente está protegida, es decir, que ese derecho se halla en mora”, reveló, apuntando que cada vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas, emite un informe sobre la materia, Venezuela “queda por el piso”.
“Cuando a los ciudadanos le cierran un medio no es simplemente que un grupo de periodistas se quedó sin trabajo, sino que Ud. se quedó sin el diario, sin el noticiero que informan que no hay harina, que no hay aceite, y que este gobierno ha dilapidado una fortuna con la corrupción, dejando a los venezolanos en el abandono”, concluyó.