En Venezuela se ha hecho costumbre que en los diferentes delitos cometidos como corrupción o narcotráfico, sólo asume la responsabilidad de los mismos, los autores materiales, mientras que los corresponsables de estos actos, que valiéndose del poder y los cargos desempeñados dentro del alto gobierno, quedan exculpados, cuando está tipificado en nuestra legislación y en el Código Orgánico Procesal Penal, la misma penalización judicial para estos actores, que no solo traicionan al Estado venezolano, sino que profundizan el índice de delitos y crímenes por actitudes complacientes, hostiles y a conveniencia, que hacen ver que en Venezuela están exonerados de responsabilidad estos jerarcas del oficialismo, trayendo como consecuencia que en nuestro país sea un atractivo delinquir de esta manera porque el gobierno complaciente, facilita la inmunidad de los delitos.
Para nadie es un secreto que este desgobierno, no solo ha traído a su paso la mayor corrupción en el Estado venezolano y sus instituciones, sino que quienes hoy gobiernan utilizan un doble discurso, han cubierto con el manto de la impunidad, delitos de lesa humanidad, corrupción y narcotráfico, porque en la gran mayoría de los mismos, está involucrado un alto funcionario cívico militar de la cúpula roja, y ellos al mejor estilo bomberil, no se pisan la manguera entre ellos mismos, y han tratado de ocultar la metástasis que se ha apoderado de las instituciones de poder a toda instancia.
Estamos frente a una sociedad de cómplices, corruptos y alcahuetas. No obstante, este gobierno se ha negado a investigar los casos de corrupción y de narcotráfico donde están comprometidos sus funcionarios y han apelado a la descalificación, a la persecución y al chantaje para evitar que estos temas salgan a la palestra nacional. Aquí ante la inexistencia de un estado de derecho y de una independencia de poderes, el gobierno es cómplice de todas estas aberraciones, porque siempre se han negado a investigar en profundidad los distintos señalamientos y acusaciones que comprometen a los altos funcionarios. Tenemos una Fiscal de la República, cínica y cara dura que habla de respeto a los derechos humanos y fundamentales, que maneja cifras de delitos a conveniencia de Miraflores y que actúa obedeciendo a los intereses oscuros del PSUV y no del país. No obstante, el Contralor General de la República y los distintos organismos encargados de impartir justicia, actúan en actitud obscena y violatoria a la Constitución Nacional, y para justificar su parcialidad y su conducta amoral, de vez en cuando fabrican casos para inculpar a los peces flacos involucrados en corrupción y narcotráfico, pero los peces gordos y gorgojos mayores de esta putrefacción, no caen porque simple y llanamente, estamos frente a un gobierno hampón que actúa con mafias y cárteles para disputarse el poder.
Venezuela se ha convertido en un Estado benefactor del delito a toda instancia, y en la Asamblea Nacional hasta el 6 de diciembre pasado cuando el pueblo se pronunció a favor de un cambio, jamás se permitió una investigación. A la oficina de Pedro Carreño, quien fungía como presidente de la Comisión de Contraloría, llegaron casos de corrupción y narcotráfico, que de haber actuado con celeridad en su momento, le hubiese evitado al país, más desangramiento en materia de corrupción y esta grave crisis que hoy vivimos los venezolanos, se hubiese podido evitar. En mi condición de diputado, llevé a esta comisión el caso de Francisco Illaramendi, a quien se le señalaba de haber robado 540 Millones de Dólares del Fondo de Pensionados y jubilados de PDVSA, y Pedro Carreño lo declaró inadmisible, mientras que en un tribunal de Estados Unidos, se establecieron responsabilidades al respecto. Ahora bien, este personaje nefasto de la cúpula roja, descalifica las investigaciones que impulsamos los nuevos miembros de esta comisión. Nosotros vamos a fondo contra el narcotráfico y la corrupción, caiga quien caiga. Así se acabaron los privilegios a la cúpula cívico militar del PSUV, porque justamente allí radican los autores intelectuales y materiales de los delitos en nuestro país.
Desde la Comisión de Contraloría, estamos impulsando que tanto el que delinque, así como el que se hace de la vista gorda frente a estos casos a conveniencia son responsables, y por tanto deben dar la cara al país y no seguir escudándose en estrategias balurdas que los dejan muy mal parados. En Venezuela existe una Ley Anticorrupción, que este gobierno se ha pasado por el paltó, pues nosotros estamos trabajando enmarcados en esta legislatura, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución Nacional y en normas y convenios internacionales en esta materia, para llegar al fondo de todos estos delitos que nos han convertido en uno de los países con mayor impunidad en el mundo y donde el narcotráfico y la corrupción, hacen de las suyas a diestra y siniestra.
Aquí no hay intimidación ni chantaje que valga, vinimos a trabajar por un cambio y por el adecentamiento del país y lo vamos a lograr. Aquí caerán narcochoros de cualquier pelaje en materia de corrupción y narcotráfico y se establecerán responsabilidades de altos funcionarios del gobierno que actuando como militantes del PSUV, han dado carta blanca a incremento de estos delitos en Venezuela. La culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote. Y en Venezuela, esto no sólo es un refrán de la cultura popular, sino una realidad en las instituciones podridas y corruptas del gobierno de Maduro.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ- Unidad Democrática
@ismaelprogreso