El pueblo del estado Amazonas exigió este jueves, en las calles de Puerto Ayacucho, que se le devuelva la representación parlamentaria a quienes resultaron elegidos a la Asamblea Nacional por voluntad soberana en diciembre pasado – por voto uninominal, voto lista y representación indígena -, y que fueron desincorporados por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Nota de prensa
“Estamos a 89 días de no contar con vocería en el seno legislativo, cuando se han abordado temas tan importantes como la seguridad, la salud, la distribución de medicamentos, la red hospitalaria, las fronteras – considerando que en la entidad tenemos límites con Colombia y Brasil -. Los venezolanos nos dieron la mayoría calificada de 112 diputados, demostrando la necesidad de cambio en el país”, manifestó la diputada Mauligmer Baloa, de la bancada de la Unidad Democrática, quien encabezó la caminata “Amazonas reclama sus diputados”, que tuvo lugar en la avenida Orinoco de la capital regional, con una asistencia de más de 3 mil personas, según los organizadores.
La dirigente del Movimiento Progresista de Venezuela informó que la próxima semana acudirán, en Caracas, a las sedes del Consejo Nacional Electoral y del TSJ para continuar reclamando el respeto a sus derechos políticos, en tanto que cada semana se desarrollarán nuevas concentraciones por la causa que esgrimen.
“Demandantes y demandados nos encontramos agotando el lapso de evacuación de pruebas, esperando la audiencia respectiva, pues algunas son testimoniales. Aunque el gobierno ha recurrido a tácticas dilatorias, hemos acatado todos los procedimientos, nos hemos puesto a Derecho”, afirmó.
La declarante afirmó que el ente comicial se pronunció en torno a una de las denuncias, la que versa sobre el voto nominal, señalando que el proceso ante las urnas había sido transparente y que el fraude masivo alegado por quienes introdujeron el recurso cautelar no existe.
“Si esto es así –y lo elevamos como elemento de prueba ante el TSJ, siendo aceptado el informe-, todo debería ser más rápido pues es el mismo CNE el que estipula que no hubo fraude masivo, alegato fundamental del segundo procedimiento de demanda”, precisó la dirigente.
La parlamentaria agregó que, en este momento, el problema más sensible en Amazonas es el alto índice delictivo. “Una ola de asesinatos que nos hace pensar que ya debemos ser el municipio más violento de América Latina. En jurisdicción de Atures somos 100 mil habitantes y solo en marzo ya sumamos 40 homicidios, lo cual genera una sensación de temor, con elementos irregulares, debido a la delicada realidad fronteriza, que toman la ley por propia mano”, indicó, recordando que la policía regional no es manejada por la administración de Puerto Ayacucho sino por vía centralizada.
Una selva de dificultades
“Según la Constitución de la República, todos los estados de Venezuela deben tener su representación parlamentaria. Esta estrategia del gobierno vulnera la decisión de los sufragantes que otorgó la mayoría calificada a los diputados del cambio”, aseveró, a su vez, el diputado Julio Ygarza, afectado por el dictamen del TSJ, junto con los también opositores Roger Guzamana y Nirma Guarulla, además del parlamentario oficialista Miguel Tadeo Rodríguez.
“Más allá de que hay un informe administrativo del CNE, el TSJ se hace el sordo y el mudo y no se pronuncia, en lo que es una falta gravísima contra la Carta Magna y la voluntad del pueblo. Estamos viviendo una situación de ingobernabilidad, con la ausencia de las instituciones del Estado”, opinó.
“Hoy en Amazonas no tenemos agua – está centralizada -; hay racionamientos de electricidad –el servicio está centralizado -; no hay medicinas y los hospitales están abandonados – por estar centralizados -; no contamos con el resguardo de las Fuerzas Armadas en la frontera, mientras la minería ilegal de Colombia y de Brasil acaba con nuestros parques nacionales; y la inseguridad ha crecido 200 % en relación con el 2015”, enumeró.
Mientras, para el gobernador Liborio Guarulla, la postura del Tribunal Supremo de Justicia en el caso es “colonial, racista y aberrante”.
“Es una decisión arbitraria que no tiene sustento sino en el hecho de que el partido de gobierno, el PSUV, tiene el control y es el que dicta las órdenes para los otros poderes”.
“Exigimos el derecho a que nuestros diputados estén en la AN no solo para participar en el debate de las leyes, sino también para dar a conocer la crisis desatada por la intervención extranjera que prevalece en Amazonas en lo relativo a la minería, así como los problemas de la delincuencia, la escasez y la inflación”, apuntó.
“En estos tres meses van 70 asesinatos solo en Puerto Ayacucho – uno por cada mil habitantes -. En todo el año pasado fueron 98. Yo diría que se trata de una secuela de terrorismo que tiene que preocupar al país entero”, concluyó.