Desde 1998, como todo mundo lo sabe, el país está secuestrado, desmantelado y saqueado por un grupo de poder que aniquila el estado de derecho, la fiscalización y la contraloría. Sobre las instituciones públicas y privadas, solo prevalece como ley, la voluntad y las necesidades de quienes ejercen gobierno. Por esta circunstancia y mucho más, Venezuela deja de ser república. Esta es una de las causas por la cuales, la falsa revolución, impulsa la usurpación y la arbitrariedad. Aquí, cualquier ciudadano, queda atrapado bajo la indefensión.
Y todo, porque está expuesto al ataque de cualquier tipo de delincuencia, a los excesos del poder, a la violación de los DDHH y al escamoteo de la decisión popular. Como ejemplo, está el caso del Tribunal Supremo de Justicia, cuando desconoce a la actual Asamblea Nacional. Por ello, pudiera decirse, que el golpe de Estado ha sido sellado y refrendado por el Poder Judicial, en concordancia con la identidad golpista del gobierno. En otras palabras, el desconocimiento, que el Poder Judicial hace contra la Asamblea Nacional, no es más que la connivente caja de resonancia del Poder Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro. Este modelo de excesos, aniquila la libertad, el equilibrio y la separación de los Poderes Públicos, hasta hacer desaparecer la imparcialidad y la justicia.
De un gobierno, que desconozca la ética y a las instituciones democráticas nacionales e internacionales, solo se puede esperar complicidad delincuencial, abusos y venalidad. ¿Cuál es el interés de Maduro y de sus mentores políticos? ¿Acaso no han trabajado para neutralizar e impedir la imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República, como miembros del Poder Moral y Ciudadano, tienen posturas oficialistas en el desempeño de sus funciones? En la política actual del gobierno, nada es casual ni gratuito. Al gobierno, al parecer, solo le queda esconderse entre lo aparente y la ilegalidad.
Por ello, cabe preguntarnos, ¿qué quiere indicar el Tribunal Supremo de Justicia cuando declara como inconstitucional la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela hecha hace un mes por la Asamblea Nacional (AN)? De manera clara el gobierno, a través de la pérdida de sindéresis del TSJ, nos está dando a entender que no admite, en franca violación de la Constitución Nacional, que los ciudadanos sean informados oportunamente ni acepta acciones que permitan, de manera imparcial, la fiscalización y la contraloría. Menos, que estas se apliquen al Banco Central de Venezuela, como primera autoridad económica del país.
¿Qué sería una violación más contra la Ley del BCV? ¿Será que ya es inadmisible el sentido ético en los organismos públicos? ¿Será que el Poder Moral y Ciudadano murieron al nacer? ¡No! Sobreviven a espaldas del pueblo, porque al igual que el TSJ, son árbitros parciales y militantes del partido oficialista. Se mueven, entre otros artificios, a punta de labia y celestinazgo. Calixto, ya tiene a Melibea en sus brazos. Acaba de pagar por los favores recibidos.