Durante una alocución realizada este 11 de abril de 2016, cuando se cumple un nuevo aniversario de los hechos que desencadenaron la interrupción del hilo constitucional, en abril de 2002, el presidente Nicolás Maduro anunció al país la creación de una “Comisión de la Verdad” para investigación de los delitos y violaciones a derechos humanos ocurridos en esa oportunidad. Según la nota de la Agencia Venezolana de Noticias: “El presidente de la República, Nicolás Maduro, instalará este martes 12 de abril la Comisión por la Verdad, instancia que tendrá como objetivo central la búsqueda de la paz y la justicia, la reparación de las víctimas “y la garantía de la no repetición de golpes de Estado, de guarimbas, de atentados”. Así lo expresó el Mandatario Nacional desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde reiteró que la comisión —que será presidida por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz— será “plural, diversa, equilibrada, justa y para todo el país”. Según expresa la nota, el acto contaría con la presencia de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
En opinión de Provea, quien condenó el golpe de Estado en el 2002, solicitó medidas cautelares de protección en la fecha para altos funcionarios –incluyendo el presidente Chávez- y ha venido exigiendo la investigación y sanción para todos los responsables de los muertos y heridos durante las jornadas de violencia, con este anuncio el presidente Nicolás Maduro está banalizando y vaciando de contenido un mecanismo para alcanzar la justicia en todos y cada uno de los casos, y con ello ampliando la situación de impunidad que los ha caracterizado hasta el día de hoy.
La decisión de crear una nueva “Comisión de la Verdad” (CV) incumple los estándares internacionales de derechos humanos que rigen en la materia, y que han sido aplicados en las experiencias latinoamericanas de creación de una CV. Según el informe “En búsqueda de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz”, realizado por El Centro Internacional para la Justicia Transicional, la credibilidad de una CV se alcanza tras a) Seleccionar miembros con excelente reputación moral y profesional; b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política; c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas. Además una CV debe contar con el apoyo de las partes interesadas, ganarse el respeto de las sociedades y cumplir de manera consistente con un código de conducta. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, hasta ahora, no garantiza ninguna de las condiciones anteriores.
Provea lamenta que la permanente interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial, así como el intento de capitalizar políticamente la no resolución de los casos de delitos y violaciones de derechos humanos, sean parte de la situación de impunidad estructural que caracteriza el actual sistema de administración de justicia en el país, que desde el año 2002 ha mantenido sin sanción a los responsables de los delitos y violaciones de DDHH. La impunidad estructural genera condiciones para la repetición de faltas a los diferentes derechos, así como para el aumento de la situación de violencia e inseguridad ciudadana en Venezuela.
Nota de prensa