El Tribunal Supremo de Venezuela se convirtió en el mayor protector del régimen decadente de Nicolás Maduro. La máxima instancia judicial en el país ha producido en los últimos cuatro meses decisiones que desvirtúan el principio de tridivisión de los poderes públicos.
Desde la elección de la Asamblea Nacional en el mes de diciembre del año pasado, el gobierno de Maduro hizo nombrar a las malas y de forma irregular a 13 magistrados de ese tribunal. La consecuencia no era otra que la de desvirtuar la rama Legislativa del Poder Público. Esa ha sido la regla en la región, los tribunales constitucionales se han vuelto unas piezas inconexas en la arquitectura institucional de los Estados y en objeto de la oposición de los gobiernos o de complicidad vergonzosa. Las reelecciones en América Latina pasaron por los tribunales supremos o constitucionales sin mancha alguna, salvo el caso colombiano en el 2010.
Ahora el turno es para Venezuela. En esta ocasión, el Tribunal Supremo se ha propuesto cercar las decisiones del Parlamento sin tomar en cuenta sus consideraciones democráticas. El menospreciar las mayorías es un síntoma de desesperación. Maduro sospecha del mismo pueblo que le dio vuelco al país en 1998 con la llegada a la Presidencia del coronel Hugo Chávez Frías.
Ya son cinco los golpes judiciales dados por el mencionado tribunal para vaciar el poder del Legislativo. En primer término, se suspendió la proclamación de tres diputados miembros de la oposición, impidiendo la conformación de la mayoría primigenia obtenida en las urnas.
Luego, profirió otro fallo por el cual declaró en vigencia el decreto expedido por el gobierno a través del cual se estableció la emergencia económica nacional. Esta norma había sido rechazada por la Asamblea Nacional en virtud de su competencia constitucional. Otro zarpazo contra la democracia.
Una tercera decisión tuvo que ver con la limitación a la potestad de la Asamblea Nacional de hacer control político a las otras ramas del poder público. En el absurdo fallo se indica que en caso de aceptarse cualquier control tendrá que hacerse a través del Vicepresidente ejecutivo de la República quien coordinaría las interpelaciones a los ministros. Una vez más el atropello contra el Estado de derecho deja al órgano legislativo sin capacidad de acción.
Un cuarto fallo se dirige a impedir que los diputados hagan control político sobre los procesos de escogencia de magistrados. Evento que pone a salvo el irregular nombramiento de los 13 miembros del Tribunal Supremo con el cual Maduro intentó blindar su gobierno.
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