Escogí la carrera de Derecho por una vocación genuina hacia la defensa de la justicia, la libertad y la democracia, y he seguido, sin esguinces, el ejemplo de mi padre, un abogado modelo y venezolano de excepción, que me formó con esmero; por tales motivos sentí un repudio inicial sobre este régimen desde el día aciago y nada glorioso del 4F, cuando apareció en escena el difunto teniente coronel.
Debo confesar que marco distancia con el rábula Hermann Escarra, el “querido tocineto” como lo llamaban cariñosamente sus compañeros de aula de a UCV, por sus actuaciones contradictorias y amañadas, indignas para los hombres de leyes que respetamos como algo sagrado a la República de Venezuela. Desprecio la conducta del autor de “Cuánto Vale un Juez”, que comprometió su honor por 30 monedas de plata y no puede tapar con su adulancia y saltimbanquismo obscenos, el haber llamado públicamente “mentira fresca”, a quien ocupa la Presidencia.
Resalto, punto y aparte, la conducta del jurista David Morales Bello, a quien Betancourt le encargó la extradición del dictador Pérez Jiménez y sólo le puso como condición que no cobraría por sus servicios, honorarios a la República, y cumplió cabalmente con el encargo.
En tiempos aciagos de magistrados express, piratas ex diputados, nombrados fuera de tiempo y con violación expresa de la Constitución, quiero enaltecer la conducta de la Magistrada Emérita Blanca Rosa Mármol de León, a quien todos los abogados honestos admiramos por su competencia y probidad, una mujer valiente.
Ella ha puesto sobre el tapete la presunta doble nacionalidad de quien ejerce la Presidencia. La Constitución establece como uno de los requisitos para el ejercicio del cargo “…ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.” Aduce Mármol de León que hasta la fecha, no ha sido posible la verificación, toda vez que el Presidente no ha presentado los documentos que acrediten su nacionalidad.
La Magistrada Emérita estima que la Asamblea Nacional, dado el tiempo transcurrido, sin aportarse por quien resulta obligado, la documentación debida, proceda en ejercicio cabal de sus potestades a tomar como admitida la doble nacionalidad del Presidente, en este caso colombiana y venezolana.
Solicita la Magistrada Emérita a la Asamblea Nacional que, en representación de los electores y en ejercicio de sus potestades constitucionales visto el silencio presidencial, estime procedente la cesación del Presidente en el ejercicio del cargo, declarándose su falta absoluta y se proceda de acuerdo con la Constitución a una nueva elección dentro de los 30 días consecutivos siguientes.
Los venezolanos, en su mayoría, aprobamos esta moción porque deseamos recuperar las instituciones y el Estado de Derecho.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!