Manuel Puyana, directivo de la editorial La Mosca Analfabeta, empresa propietaria de TalCual, afirmó que “La decisión del juez Aris La Rosa Álvarez -de no levantar la prohibición de salida del país y ordenar la presentación periódica ante un tribunal- representa una flagrante violación a mis derechos humanos”.
Sobre Puyana pesan desde hace dos años las medidas impuestas por el tribunal 29 penal de primera instancia de Caracas el día 04-02-2014 a petición del capitán Diosdado Cabello, y como parte de una demanda penal que introdujo como consecuencia de un artículo de opinión suscrito por Carlos Genatios.
En su demanda, el dirigente del PSUV exigió que se probara que él había afirmado que a quien no le gustara la inseguridad que se fuera del país, tal como afirmaba Genatios en su escrito. “Hay que precisar que Cabello en ningún momento solicitó un derecho a réplica o que se aclarara esa afirmación, sino que desde un principio amenazó con la demanda porque su objetivo principal es eliminar la libertad de expresión.
A él no le gusta un medio que no diga lo que al Gobierno le conviene y que no calle lo que ellos no quieran que se diga”, explica Puyana.
Luego de esa primera demanda, Cabello introdujo otras dos, recuerda Puyana. Ambas por el mismo caso: la reproducción en TalCual de una información publicada por el diario español ABC donde se reproducían declaraciones del capitán de corbeta y escolta de Hugo Chávez, Leamsy Salazar.
En esta segunda demanda también están incluidos directivos de El Nacional y La Patilla.
La tercera demanda es de carácter civil por la misma reproducción de la nota publicada por ABC y, en ella, Cabello pide multas para los tres medios por “cantidades tan enormes como 1.000 millones de bolívares, que si se dividen entre el sueldo de capitán del Ejército, deben ser varios siglos”, asegura Puyana.
La injusticia continúa
Explica Puyana que la reciente decisión tomada por el juez La Rosa es la continuación de la falta de justicia a la que se han visto sometidos los directivos de TalCual Francisco Layrisse y Juan Antonio Golia, así como el director del medio, Teodoro Petkoff, pues sobre todos ellos pesan los castigos desde el año 2014.
Sin embargo, dichas medidas en su caso -por ser el primero que se puso a derecho- ya vencieron, explica Puyana quien dice que “el código es absolutamente claro. El artículo 230 establece que en ningún caso éstas podrán sobrepasar la pena mínima prevista en cada delito, ni exceder el plazo de dos años. Si se tratase de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave”.
Es por ello que denuncia la decisión arbitraria del juez La Rosa Álvarez, quien ejerce de manera provisoria, el juzgado vigésimo noveno de primera instancia en funciones de juicio en Caracas.
En cuanto a esta decisión del juez La Rosa, Puyana dice que “no sólo diría que está desapegada el derecho. Es una decisión que ignorara el derecho”.
La considera muy grave pues no solo lo afecta a él, sino que también tiene implicaciones en el resto de los ciudadanos a quienes se les ha coartado sus libertades, entre quienes se encuentran los directivos de El Nacional y La Patilla, demandados por el capitán Cabello. “Ninguno de nosotros puede disfrutar de sus libertades, tal como lo establece la Constitución”.
Estima que esta decisión del juez La Rosa se inscribe en la tendencia gubernamental de negar cualquier derecho a todo ciudadano que considere opositor. Grafica la situación diciendo que si se le pide a un juez que certifique que el sol sale por el este, recibirá como respuesta que no, que sale por Maracaibo, si la pregunta no la hace un oficialista. No tiene dudas de que el juez La Rosa no es autónomo a la hora de tomar sus decisiones y que las mismas solo buscan complacer a su jefe, el capitán Cabello, que fue quien lo puso en ese cargo, asegura Puyana.
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