Bruselas rebaja la ambición de su reforma del sistema de asilo a cambio de penalizar con dureza a quienes no participen. La Comisión Europea presenta hoy una propuesta para cambiar el marco común, con un mecanismo de distribución automática de refugiados que se activa si algún Estado recibe un 50% más de las demandas que puede asumir. El Ejecutivo comunitario plantea sanciones en dos vías: los países que rechacen repartirse a esos demandantes de asilo pagarán unos 250.000 euros por cada persona a la que dejen de acoger. Y por primera vez los refugiados que vulneren las reglas se enfrentarán a multas.
La crisis de refugiados dinamitó el principio de que cada demandante de asilo debe presentar su solicitud en el primer país de la UE al que arriba. Bruselas planteó en abril una opción de compartir responsabilidades desde el primer refugiado que pusiera un pie en suelo comunitario, pero apenas un tercio de los Estados (entre ellos Alemania, Italia y Grecia) respaldaba la mutualización. Para vencer resistencias, el Ejecutivo comunitario propondrá hoy que cada país siga tramitando sus peticiones hasta un cierto nivel; si se supera, habrá un mecanismo llamado corrector y de justicia para trasladarlas a otros Estados. La propuesta figura en un documento de 111 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS.
A cada Estado se le asignará un número de demandas de asilo consideradas asumibles en función de su PIB, su población y el número de refugiados que ha acogido desde países terceros. Si el país recibe un 50% más de ese número, se activará el reparto automático. Será la agencia europea de asilo (EASO, por sus siglas en inglés) la que fijará la clave de reparto y la que controlará todo el proceso, lo que implicará ampliar sus competencias.
El esquema sigue la lógica del mecanismo de emergencia activado en septiembre para repartirse a 160.000 refugiados en dos años, que sigue vigente, aunque apenas ha logrado el 1% de sus objetivos. El nuevo sistema sería permanente, para aplicar en cualquier otra crisis venidera. Pero, además, reforma otros elementos del marco común de asilo para agilizar las decisiones y perseguir más eficazmente los casos de fraude.
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