Como la piel de zapa, el decreto de emergencia económica se encoge y la posibilidad de una nueva prórroga no es posible, al menos constitucionalmente, publica 2001.com.ve.
Redacción 2001 | Jesús M. Gambús | [email protected]
La estrategia del Presidente Nicolás Maduro que siguió casi simultáneamente al expirar los plenos poderes conferidos por la pasada administración legislativa consume sus últimas horas.
El 17 de marzo, una sentencia de la Sala Constitucional validó la prórroga por resultar, proporcional, pertinente, útil y necesaria para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado.
El decreto Nº 2.270, del 11 de marzo, dictado por el mandatario expira hoy lunes con una evaluación que divide a partidarios y opositores y hace obvia la pregunta que comparten por igual el venezolano más humilde, que hace una cola kilométrica desde la madrugada, a un industrial que aguarda la asignación de divisas para comprar materia prima y pagar a sus proveedores: ¿Ya prendieron los motores?
Bachaqueo libre
La licencia para luchar por la crisis incluye al bachaqueo, pero la magnitud del fenómeno rebasa el puesto callejero que cambia de domicilio para instalarse en establecimientos de otros ramos. Otros más sofisticados hacen entrega a domicilio, de acuerdo a las necesidades del cliente.
Para ellos hay solo amenazas de penas de tres a cinco años de prisión y multas hasta por 1,7 millones de bolívares, pero la escasez toca niveles tan críticos que los consumidores terminan cayendo en el juego, viéndolo como un mal necesario ante la inefectividad y, a veces, complicidad de las autoridades.
El Dato
El pasado 17 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la prórroga por 60 días de la emergencia económica solicitada por el Presidente Nicolás Maduro.