Los venezolanos no hemos querido entender la gravedad, y circunstancias en la cual nos hallamos. Pretendemos jugar al juego que no podemos. No hace falta tener la lampara de Diógenes ni el catalejo de un almirante, para darse cuenta dónde vamos, y dónde podemos estacionar a la vuelta de la esquina.
Cuando a mi me preguntan por qué no cumplo prohibiciones de hablar del tribunal que me mantiene detenido, mi respuesta es invariable: El día que ellos dejen de defecarse en la constitución, entonces yo dejaré de hacerlo en sus disposiciones.
Y aunque el primer deber de un preso es fugarse, no lo he hecho ni lo haré, porque quiero estar presente para el momento de la caída de las actuales realidades.
Las ultimas decisiones del señor Presidente, no asoman sino las profundas perversiones que trajo la constitución de 1999.
El país es sorprendido con el anuncio de los Estados de Excepción, sumado a la casi, o absoluta sumisión del alto mando militar al Golpe de Estado propiciado por el Ejecutivo; y lo que es peor, la ignominiosa sentencia que se cocina no contra la directiva de la Asamblea Nacional, sino contra Henry Ramos Allup.
Alguien debe decir las cosas claramente, una de ellas que, la constitución de 1999, promovida por el difunto Hugo Chávez, debe ser reformada en gran medida y en el mejor de los casos sustituida por una que nazca de un proceso constituyente.
La constitución de 1999, sepultó el principio de subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil, contenida en todas las constituciones venezolanas desde 1811 y que se expresaba -entre otras cosas- en la obligada intervención del Poder Legislativo -en la mayoría de los casos a través del Senado- para autorizar ascensos militares de alta graduación.
El artículo 131 (constitución de 1961) repetía la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad civil y militar. El artículo 132 resumía inmejorablemente la doctrina de lo que deben ser las Fuerzas Armadas de un Estado democrático. Hoy hay que recordar su letra:
“Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto de la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política”.
Cabe entonces, preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí. Por qué son los civiles en contra del gobierno los nuevo enemigos de una Fuerza Armada que antes estaba sometida a ellos, y ahora está sometida al partido de gobierno.
La Constitución de 1999, eliminó la tradicional prohibición del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la civil, con lo cual abrió la puerta para la doctrina de la llamada “unión cívico militar”, que no ha sido otra cosa que la militarización del Estado; eliminó del texto de la Constitución el carácter no deliberante y apolítico de la institución militar, lo cual abría teóricamente el camino para que la Fuerza Armada como tal y los oficiales como individuos deliberaran políticamente.
Lo que es más significativo de lo que en 1961 se ordenaba y ahora no se ordena es que la Constitución de 1999 eliminó la obligación expresa de la Fuerza Armada de velar por la estabilidad de las instituciones democráticas y de respetar la Constitución y las leyes que -como lo decía el artículo 132- “su acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación”.
En contraste con lo que se eliminó y omitió, se introdujo por primera vez en la historia constitucional de Venezuela la doctrina de la seguridad nacional y defensa integral. Semejante postulado no se encuentra en ninguna Constitución del mundo ni siquiera en las de los regímenes militares y militaristas. Según esta doctrina, todo, absolutamente todo, concierne a la seguridad del Estado, incluido el desarrollo económico y social. Con esto se sentó la base para la creación del tutelaje militar de todos los poderes del Estado.
La constitución de 1999, puso el tutelaje del Estado en manos de la Fuerza Armada Nacional, o más bien, de la cúpula que la arbitra y de sus capataces designados para dirigir esa sargentería de hombres barrigones, sin preparación, con ideas del catecismo cubano, y lo que es peor, con armas que se conoce como una anatema llamado Milicia Bolivariana.
El país hay que rescatarlo, adecentarlo. Y, oigase bien, no se le puede cerrar a ninguno venezolano que obtenga por la fuerza, bajo el legitimo derecho a la defensa de su libertad, lo que le niegan por la vía de los votos.
Que nadie piense en qué puede o debe decir la comunidad internacional, porque los venezolanos hemos llegado a una estado de indefensión tal, que sólo nos queda rescatarlo así sea por la fuerza de las manos de estos comisarios de pueblos que hoy han secuestrado la República.
Señores, abran los ojos, escuchen los rifles.