El decreto de excepción promulgado por el presidente Nicolás Maduro patentiza, evidencia, aún más la ilegalidad y la falencia democrática del gobierno venezolano.
El preámbulo escandaliza cuando menciona, como para los gobierneros escudarse de ser descubiertos en sus fechorías, que pretende cumplir con la Constitución cuando “…ordena la suprema garantía de los derechos humanos”. Ocurre justo lo contrario. Se pretende justificar la profundización del atropello a todos los derechos, como ha venido siendo sin decreto alterador en nuestro país, muy especialmente desde el ariibo del gobierno de Maduro al poder.
El decreto se apoya en diversos artículos de la Constitución. Por ejemplo, el 337 que señala, y nos recuerda el más pleno manejo inconstitucional de este gobierno, como nunca antes tan prolongadamente en nuestra historia. Nos confronta con el límite constitucional más traspasado por Maduro y sus secuaces. En Venezuela ocurre justo al revés de ese artículo. No hay derecho a la vida (veamos las OLP y otras diversas ejecuciones, producto de manifestacionees o no); los presos políticos saben bien de incomunicaciones y torturas (indagen levemente en el SEBIN, especialmente, o en el CICPC, o en la GNB). Si hubiera debido proceso, ni Leopoldo López, ni los estudiantes, ni quienes escribieron tuits, ni quienes protestaron desde febrero 2014 estuvieran presos o bajo inhumana presentación. Del derecho a la información sabemos del cierre de RCTV, emisoras radiales, salidas por censura de periodistas o articulistas de diversos medios (RAYMA y muchos otros, incluido quien escribe), cierre de periódicos por falta de papel, persecución abierta de periodistas y fotógrafos para “desaparecer” sus materiales, exclusión de información e informantes “imparciales” de medios públicos nacionales y el etcétera más complejo que puede escribirse.
Se alude a la oposición, a su expresión y accionar en contra del malévolo gobierno, como es natural, aunada a la no nombrada pero sugerida “guerra económica” nacional e internacional. Toda una componenda entre políticos y empresarios que, de ser cierta, además de un cuento muy mal echado, es una guerra que perdió Maduro por su debilidad política y sus torpezas económicas, cuando hubo (y sigue habiendo) una recepción inmensa de recursos financieros.
El decreto expresa el terror gubernamental, lo inmensamente inmanejable que le ha resultado lidiar, ante una Asamblea Nacional mayoritariamente contraria a sus designios, opositora radical. Pretende así, una vez más, anular y limitar hasta la inacción a este otro, importantísimo, poder del estado.
Entre las mentiras más elocuentes del decreto está el señalar, para bobos, que el Presidente de los Estados Unidos “… amplió la medidas contra la República Bolivariana de Venezuela”. Las medidas son contra ellos y sus agentes no contra la República. La culpa es del “niño”.
Una vez más pretenden realizar acciones contrarias a las que se requieren, al intentar debilitar reiteradamente a la empresa privada y apropiársela “… que el sector público asegure el apoyo del sector productivo privado”. Y nada, más y menos, dejarán la distribución de alimentos en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los CLAP. Esta parte del decreto bien puede leerse: comeremos menos en Venezuela y los opositores no comerán. Zamuros cuidando (comiendo) carne. Una grantía más para que la FANB sea cómplice de inhumanas actuaciones.
Además necesitan recursos fuera del presupuesto y ser libres para asignarlos, o, lo que es decir, fuera del control de la Asamblea Nacional. Cheque en blanco permanente. Asimismo, le quitan la potestad a la Asamblea de remover a los ineptos ministros (la lista es larga ¿completa?).
El otro cheque en blanco es el (des) control del orden público, como si ya no lo tuvieran. Se decreta, se oficializa, la represión desmedida.
Lo único bueno del decreto es el reconocimiento de la carencia de bienes de consumo, de servicio y de medicamentos. Oficializan su inercia económica, su brutalidad política.
Sin embargo, se pretende también “limitar” el acceso a las ONG a las fuentes de financiamiento internacional. Se consolida así su desaparición como agentes de lucha por los derechos humanos, económicos, culturales deportivos y científicos.
Los límites a la banca, a los cajeros, constituyen un horror entre tanta carencia alimenticia y de recursos y ante tanta inflación, sin duda.
Los portes de arma han debido suspenderse hace años. Menos muertos habría.
La mayor contradicción del decreto radica en que entra en vigencia desde el viernes, cuando lo publicaron en gaceta, pero debe ser aprobado por la Asamblea y declarada su constitucionalidad por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Está vigente sin ser aprobado y sin cotejar si es constitucional?
La Asamblea debe rechazar este decreto, ya lo han anunciado voceros calificados de ella, y el Tribunal debe reconocer su inconstitucionalidad (la del y la del decreto).