Tras cumplirse treinta días desde que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a las jóvenes Belén Salas y Kristy Mavarez por la presunta detentación de explosivos, dirigentes de Primero Justicia y compañeros de las aprehendidas protestaron en las inmediaciones del Poder Judicial en el estado Zulia exigiendo la liberación de las dos féminas, puesto que argumentan que “el único delito que ellas han cometido es trabajar por mejorar el país”.
El diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Ramírez Colina, manifestó que “Belén y Kristy se encuentra secuestradas por los organismos del Estado simplemente, por pensar distinto al Gobierno, por lo que las han querido involucrar en un delito de tenencia de material explosivo sin ninguna flagrancia ni consideración”. “Exigimos su inmediata liberación porque no merecen estar presas, solo por querer cambiar el Gobierno a través del referendo revocatorio”.
“Estamos frente a un poder judicial podrido que atrasa los casos de estas dos niñas, prestados a las maniobras políticas del Gobierno de Nicolás Maduro y Arias Cárdenas para que no puedan recobrar su libertad”. “Es preocupante que después de treinta días no se haya podido llevar a cabo la audiencia de apelación producto de una operación morrocoy para que nuestras compañeras no puedan recuperar su vida normal junto a sus familias y seres queridos”.
El legislador manifestó que “en Venezuela ya no se sabe a quién tenerle más miedo, si a un delincuente con una pistola o a un juez con su toga para dictar sentencia”. “Exigimos al Poder Judicial que actúe de manera diligente, como una institución autónoma y sin tintes políticos. En Venezuela la Justicia solo llega cuando se trata de un caso político y para favorecer al PSUV de manera corrupta y para amedrentar a los adversarios del Gobierno”.
Por su parte, Jesús María Albornoz, abogado defensor de Belén y Kristy, manifestó que “la decisión del Tribunal 8vo de Control durante la audiencia de presentación violó principios elementales del Código Penal, en virtud del artículo 296, independientemente de que sabemos que las pruebas fueron sembradas por el organismo de investigación, la pena que establece el delito de detentación de explosivos es de 2 a 5 años, teniendo como pena media 3 años y medios y en conformidad con el Artículo 242 COOP, les correspondía libertad por una medida cautelar sustitutiva menor a la privativa de libertad”.
“Nosotros apelamos la decisión del Tribunal con elementos de convicción en mano de que fue sembrado el caso, violada la disposición de carácter Constitucional y solicitamos la nulidad absoluta”. “Esperamos la repuesta del Fiscal de Apelaciones, para que el lunes suba a la Corte de Apelaciones para conocer la decisión, y tanto Belén como Kristy deben quedar en plena libertad”, sentenció.