Esta semana tenemos una noticia que nos llenó de esperanza a los venezolanos. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocó a través de un informe de unas 132 páginas, la activación de la Carta Democrática Interamericana para atender el “Caso Venezuela”, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la misma, en el cual se prevé que, en caso de una grave alteración de la democracia, el Secretario General o cualquier país miembro tienen la potestad de convocar un Consejo Permanente para evaluar la situación del país cuestionado, así que así lo hizo, procedió en consecuencia en virtud de considerar la grave crisis que atraviesa el país y dada la alteración del orden constitucional que afecta de manera puntual la estabilidad democrática.
La Carta Democrática Interamericana, es un instrumento de la OEA que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Es decir, tiene como función primordial proteger y fortalecer la democracia en la región. Fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Sesión Especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Lima (Perú). Ella implica en lo político, un compromiso ineludible de los gobiernos y gobernantes de cada país que integran la organización, con la democracia, teniendo como base fundamental el reconocimiento de la dignidad humana. En ella se consagran sus elementos esenciales, como lo son la representatividad, el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos y la libertad de expresión.
Una vez realizada la solicitud y ante la posible alteración del orden constitucional, cualquier Estado miembro de la OEA o su Secretario General, tal y como mencioné hizo Almagro en esta oportunidad, establece la norma, podrán solicitar la convocatoria del Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones diplomáticas o de buenos oficios que se estimen convenientes, a fin de promover la normalización de la situación alterada. El Consejo Permanente, por mayoría de los miembros de la OEA (18 votos), votará el informe. Debemos entender y lo reafirmamos así, que estamos frente a un tema y a una decisión política, no se trata de un tema de carácter jurídico, a través de la cual el Consejo puede proponer la realización de las gestiones diplomáticas que considere necesarias para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Es de destacar, que si éstas resultaran infructuosas, se debe proponer la convocatoria de un período extraordinario de Sesiones de la Asamblea General.
Para convocar la Asamblea General se requieren los votos dos tercios (2/3) de los estados miembros (24 votos), en ese último caso si se constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en un estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, se tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro de la organización.
Así fue como el pasado miércoles se reunió el Consejo Permanente de la OEA en Washington para discutir y analizar el Informe de Almagro quien denuncia tres problemas fundamentales en Venezuela:
1.- Crisis humanitaria por escasez de alimentos y medicinas en el país.
2.- Bloqueo de los Poderes del Estado.
3.- Situación de los Derechos Humanos contra presos políticos.
La OEA se extendió en un largo debate sobre la situación venezolana, marcado en dos bloques con enfoques distintos sobre la situación. Se presentan dos proyectos uno Argentino y otro Venezolano.
El proyecto Argentino que llega poco después de las reuniones en Dominica, cuenta con el apoyo de 21 de los 34 países miembros. Se trata de un proyecto conciliador y moderado, habla de un diálogo abierto e incluyente, entre todos los actores políticos y sociales con el fin de mantener la paz y la seguridad en el país. El proyecto Venezolano, por su parte, solicita el respeto a la institucionalidad democrática y constitucional del Gobierno de Nicolás Maduro y rechaza cualquier intento de alteración del orden constitucional.
Si bien es cierto que la condición para invocar la Carta, es que haya una alteración o ruptura del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro de la OEA, también es cierto que las sanciones no constituyen un intervencionismo ni son de carácter punitivo, al no contemplar medidas de embargos, boicot, bloqueo o intervención militar, como una vía de sanción a quienes violen, alteren o pongan el peligro el orden constituido, así que no inventen. Muy por el contrario, se trata de medidas de orden moral, como pudiera ser una Resolución del organismo o un exhorto a cumplir con los compromisos democráticos; o también una medida inhabilitante, como sucedería en el caso de la suspensión para la participación en los proyectos de cooperación internacional, por ejemplo. Para hablarles claro, la activación de la Carta no representa de ningún modo un riesgo para Nicolás Maduro y no significa para nada el fin de su Gobierno.
Tal y como vemos las propuestas hechas en el seno de la Discusión del Consejo Permanente, nos deja ver por dónde vienen los tiros con relación a las decisiones de organismos internacionales, entendámoslo de una vez por todas, sus decisiones son políticas y diplomáticas y si bien resulta una opción positiva para el país y podría sentar un precedente importante el hecho de la aprobación de una Resolución por parte de la Asamblea General, condenando el comportamiento anti democrático del Gobierno de Nicolás y además, que la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Democrática, representan un activo moral para los sectores de oposición, todo lo cual aisla al régimen, dejando en entredicho su gestión administrativa. También podría resultar perjudicial para el país y para todos, porque una exclusión del sistema interamericano, nos afecta en grado sumo porque nos aísla de la comunidad internacional en general además que la suspensión de Venezuela de la OEA libra de compromisos al Gobierno, beneficiándoles de algún modo.
Sin embargo, para el Gobierno Venezolano el documento presentado este martes por Almagro, está sustentado “en denuncias” formuladas por la directiva de Asamblea Nacional (AN) venezolana, con mayoría de oposición, denuncias y consideraciones que consideran desproporcionadas y llenas de argumentos tendenciosos. Así lo han expresado y lo han hecho saber internacionalmente. Además, acusan al Secretario General de la OEA, que se asume con poder supranacional al emitir “recomendaciones” específicas sobre funciones que corresponden a las instituciones venezolanas, porque sobre el Referendo Revocatorio asevera que “debe realizarse en 2016”, relegando al Consejo Nacional Electoral venezolano y cuando pide “la liberación inmediata de todas las personas aún detenidas por razones políticas”, Almagro cuestiona las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre responsables de delitos. Por lo que para el Gobierno, el informe de Almagro que solicita la activación de la Carta, representa una injerencia en asuntos internos del país e igualmente justifican la crisis que afecta a Venezuela, a la guerra económica que mantienen sectores de la oposición, empresarios y políticos, alentada desde el exterior al punto que expresan que han tenido que declarar un estado de excepción por los ataques inmisericordes de los que han sido sujetos estos últimos tiempos.
Realizando un análisis a este respecto, si a ver vamos, la realidad es que la suspensión como sanción no aporta elementos que contribuyan a una salida democrática en el país en estos momentos. La carta se aplica de manera diplomática, tiene carácter preventivo en una primera instancia y luego sancionatoria; si fracasan todos los mecanismos de convencimiento y el Gobierno cruza la línea roja, es que se aplican las sanciones de rigor, pero es que este tipo de sanciones para un Gobierno depredador como el de Nicolás, un gobierno que viola permanentemente la Constitución y que le importa poco la necesidad de su propio pueblo, carecen de todo efecto disuasivo, no amedrentan ni angustian a nadie en este sentido el propósito de enmienda ahí es difícil que ocurra, por lo que a mi modo de ver, resulta más contundente desde todo punto de vista seguir insistiendo con una mayor presencia y participación internacional, continuar en la lucha, seguir presionando desde adentro para verificar y exigir los compromisos que adquirió el Gobierno cuando firmó la Carta Democrática, como lo son: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, eso es más contundente, desde el punto de vista estratégico.
Finalmente he de concluir diciéndoles, que los problemas de Venezuela tenemos que resolverlos los venezolanos, que nadie nos salvará de lo que nos viene, el hambre la desolación y el abandono. La situación de crisis insólita, de toda índole en la que nos encontramos sumidos, resulta insostenible cuando el hambre aprieta, cuando la gente muere de mengua y no hay paz con la miseria, el llamado es a la conciencia, a accionar con criterio, con moderación pero con la contundencia que la situación amerita.
MARIA AUXILIADORA DUBUC
@mauxi1