Roger Palacios, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), intervino este martes como representante de la Unidad de Acción Sindical y Gremial de Venezuela (UASG) ante la comisión de Aplicación de Normas de la 105a Conferencia Internacional del Trabajo, en la cual se examina al gobierno venezolano por la violación del convenio 122 sobre política de empleo.
Nota de prensa Unete
“Soy un trabajador venezolano del sector alimenticio y puedo hablar en esta comisión gracias a la World Organization Workers (WOW) de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ya que el gobierno venezolano hace cinco años no acredita a quienes pertenecemos a la Unidad de Acción Sindical y Gremial de Venezuela y especialmente a quienes militamos en nuestra central UNETE”, señaló el sindicalista a la presidenta de la comisión.
Palacios aseveró que el convenio 122 es vital para la grave situación que hoy se vive en Venezuela, con pérdida de miles de empleos que pudieran haberse evitado si el gobierno venezolano hubiera asumido el diálogo social que ha sido reiteradamente recomendado por los diferentes órganos de control. “El Gobierno venezolano no consulta con las organizaciones de trabajadores para las políticas de empleo”, puntualizó.
“Hace tres años alertamos desde la Vicepresidencia del Sector Alimentos de UNETE sobre la grave situación que se avecinaba y formulamos una serie de recomendaciones en el Plan De Rescate De La Producción Nacional Y El Empleo”, aseveró.
El representante sindical detalló que el documento fue entregado a varios ministerios vinculados con el tema de alimentación, se realizaron movilizaciones de diferentes sectores de trabajadores afectados llegando incluso a solicitar la mediación de la Defensoría del Pueblo para instalar mesas de diálogo con el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. Además, acudieron a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no tuvieron respuesta de ninguna institución.
“Hoy en Venezuela se encuentra seriamente amenazada la producción nacional. Las empresas estatizadas están paradas y en el sector privado las que aún operan, lo hacen con serias limitaciones y con amenazas de intervención y expropiación que todos los trabajadores rechazamos”, dijo.
Palacios resaltó el caso del Grupo Polar, en el cual se podrían perder cien mil empleos directos y cerca de trescientos mil indirectos. Además, aseveró que en la administración pública miles de trabajadores compañeros han sido despedidos o están en riesgo de perder sus empleos por la discriminación política del Gobierno denunciando una presunta guerra económica.
El representante de la Unidad de Acción Sindical y Gremial agregó que el 95% de las empresas que han acompañado a recuperar, hoy están totalmente quebradas por la gerencia estatal que las ha dirigido. “Los trabajadores hemos realizado manifestaciones para exigir la producción y denunciar su paralización y la respuesta es la represión, criminalización y judicialización de nuestras protestas como el caso del compañero Jorge Bastardo, representante sindical de la pesca, privado de libertad presuntamente por órdenes del Ministro de Industrias Básicas y Socialismo, Juan Arias”.
El miembro de la UNETE relató que casos como los de Bastardo se repiten en el país a diario con los trabajadores de AVECAISA, Corporación Eléctrica Nacional, Banco Industrial, SIDOR, LA FLORIDA, Venezolana de Cementos, Tercerizados de Saneatec, Monaca, Trabajadores Portuarios, entre otros. “Somos reprimidos por exigir diálogo social, políticas públicas para garantizar la producción y el empleo en mi país”, dijo.
“El concepto de empleo productivo al que se refiere el artículo 1 del convenio 122 es hoy en Venezuela una utopía. Nuestro salario duramente golpeado por la devaluación de la moneda también sufre una descomposición porque más del 55% del ingreso está bonificado aplicando una política de trueque erradicada en mi país hace decenas de años, todo ello, impuesto por el Gobierno sin consulta con los trabajadores”, señaló.
En nombre de la Unidad de Acción Sindical y Gremial de Venezuela, Palacios solicitó a la comisión la inclusión de un párrafo especial sobre la situación que alertaron que pudiera haber evitado el hambre, pobreza, desabastecimiento y la grave situación social y económica que hoy vive Venezuela.