Abogado califica como “censura” decisión del TSJ sobre prohibición de publicar videos de linchamientos

El abogado experto en Derechos Humanos y profesor de las Universidades Central de Venezuela (UCV) y Católica Andrés Bello (Ucab), Jesús Ollarves calificó como una forma de censura la decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de prohibir a LaPatilla, a Caraota Digital y a todos los medios de comunicación publicar videos de linchamientos.

“Se trata de una restricción ilegítima a la libertad de expresión que refleja una vez más la política de censura, de la censura judicial por parte de la más alta instancia judicial para inhibir el debate libre y público de un problema de transcendencia nacional”, dijo.

Señala que con esta decisión el órgano judicial pretende abstener a la colectividad de “ejercer un debate franco sobre un tema de complejidad como es la reacción social frente a la impunidad”. Además acusó a la sala de “alcahuetear la incapacidad del Estado frente a la impunidad”.

A su juicio, el TSJ censura a los medios con la excusa de que el contenido de este tipo de información ‘causa intranquilidad o perturbación en la sociedad’. “Si ese artículo estuviese vigente (Art. 27 Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) y que además se aplica artificiosamente en contra de la crítica política y ciudadana, el principal programa que debería salir del aire es ‘Con El Mazo Dando’ que es transmitido por VTV… Donde todos los venezolanos que adversamos a este Gobierno somos víctimas de expresiones estigmatizantes”.

Ollarves además rechazó que el ente judicial en lugar de condenar una situación que se está llevando a cabo en la sociedad venezolana ante la creciente impunidad, “tome una decisión como una herramienta política”.

Anudado a ello consideró que con tal decisión se viola lo referente a las libertades de formas de expresión  haciendo uso de los medios de comunicación “sin que se pueda establecer censura” de acuerdo con lo estipulado en el artículo 57 de la Carta Magna así como los parámetros de la Convención Latinoamericana de restricciones legítimas que se deben dar en una sociedad democrática.

“En LaPatilla y otros medios digitales cuando hacen referencia o publican contenidos de acciones sociales frente a la impunidad o frente a la falta de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana no se está incentivando o exhortando a prácticas odiosas”, señaló.

Recordemos que la sentencia de título: “TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho”, considera que la reseña de estos hechos noticiosos crean “zozobra e incertidumbre en la población”.

En el caso de La Patilla, la nota en cuestión se titula: “Atrapan a “Metrochoro” en Altamira y casi lo linchan (Video)”

El 7 de abril del 2016 el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández interpuso la demanda (ver aquí), en la que solicita una medida cautelar innominada, “en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento”.

Viene más censura

“Hace apenas menos de siete días la misma sala constitucional a través de una medida cautelar prohibió que se ejerciera el derecho a protestar… En las inmediaciones de las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país”, recordó el abogado.

Esto en violación al artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) que establece que:

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

A su juicio, esta decisión del TSJ forma parte de una acción en cadena que busca censurar todo tipo de protesta social y que considera abarcará posiblemente la desaprobación además de noticias relacionadas con la realidad económica de la escasez y el desabastecimiento en un futuro próximo.

“Es decir, se trata ya de una política en donde lo que verdaderamente la sala constitucional busca es evitar el debate franco y legítimo en una sociedad democrática de problemas relativos a las protestas sociales, al tema de la impunidad y seguramente el día de mañana amparándose en las mismas circunstancias van a pretender que se impida la publicación de otro tipo de contenidos como por ejemplo relativos al derecho a la alimentación y medicinas”, puntualizó.

(LaPatilla.com)