Este jueves la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo por violencia generada en la parroquia 23 de Enero, llevado por los denominados colectivos.
La primera en iniciar el debate fue la diputada Delsa Solórzano (MUD/Miranda) quien indicó que en Venezuela circulan al menos 15 millones de armas de fuego ilegales.
Posteriormente estuvo el diputado Ivlev Silva (MUD/Distrito Capital) quien manifestó que hay familias que han perdido seres queridos, en manos de grupos armados, denominados colectivos.
“No queremos seguir viviendo bajo la intimidación de los colectivos armados, que no solo se ven en el 23 de enero. Ya se encuentran varios grupos, creyéndose dueños de parroquias, jefes de zonas”, acotó el parlamentario.
“Como joven hablo por mi generación, no podemos dejar que nos intimiden. Hemos decidido quedarnos para construir una nueva Venezuela”, dijo finalmente Silva.
El diputado Francisco Torrealba (GPP/Portuguesa) condenó toda forma de violencia “y eso incluye ratificar nuestra solidaridad con nuestro colega Julio Borges”.
Señaló que a pesar de las amenazas y obstáculos que ponen algunos sectores radicales de ultraderecha, la misión que cumple el presidente Maduro, es la paz.
-No es con la violencia que se van a resolver los problemas de nuestro país, nosotros no le tenemos miedo al referéndum revocatorio, pero detrás de esa iniciativa, esta un grupo de gente apostando a que aquí se produzca una conmoción nacional, se justifique una intervención y terminemos matándonos todos, unos a otros y eso, no lo podemos permitir”, comentó.
A juicio del diputado Jorge Millán (Unidad/ Dtto.Capital) es lamentable la forma en la cual el presidente Nicolás Maduro y generales, como Favio Zavarce de la Guardia Nacional han sometido a la vergüenza a la Fuerza Armada Nacional.
“No es posible que hoy tengamos una FANB que sirva para perseguir a nuestras madres y abuelas para comprar comida. No es posible que tengamos un cuerpo militar que esté en la calle impidiendo que el pueblo ejerza su derecho al revocatorio”, dijo.
Fustigó al Gobierno Nacional por la destitución del director operativo de la Policía Nacional Bolivariana, Gral. Serrano, “quien se atrevió a tomar medidas en control a estos grupos armados”.
Dijo estar convencido que hay que transitar el camino a la paz cuyas intensiones, no se queden en palabras. “Queremos un país de paz, donde el gobierno tome la justicia y se desarme a los grupos delincuenciales, pero también a los grupos armados”.
El Acuerdo
El Acuerdo, que rechaza estos hechos ocurridos en la parroquia 23 de Enero, establece:
Condenar la violencia generada por grupos armados que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
Solicitar al Ministerio Público, en uso de sus atribuciones constitucionales, inicie la investigación de tales hechos de violencia a los efectos de determinar la responsabilidad que correspondan.
Instar al ministro de la Defensa a que explique cómo llegan las armas de fuego a estos grupos violentos ya que corresponde a la FANB, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República de Venezuela, controlar el comercio, la posesión y el uso de las armas y explosivos.
Exigir al Ejecutivo, en particular al Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, la aplicación de planes adecuados para el desarme de estos grupos, que ponen en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos y para el desarme de la población.
Requerir a la Comisión Permanente de Política interior de esta AN, realizar una investigación más profunda de estos hechos y la problemática de fondo que subyace a ellos.
Con información de Prensa AN