El Poder Judicial venezolano juega con fuego, sobrestimando su capacidad para soportar la incandescencia de sus acciones, al margen de toda lógica, como uno de los 4 Fantásticos, desechando como pernicioso todo aquello no alineado con las políticas gubernamentales, mejor dicho, con las pretensiones hegemónicas del régimen, favoreciendo en ese contexto sólo las causas que cuentan con la venía del gobierno, claro, bajo cuerda, no desperdician oportunidades con procesados que garanticen buenos dividendos, consecuencia natural de la perversión extendida en el sistema de justicia. Eso ha existido en otras épocas, sin los métodos perfeccionados en la revolución bonita, que admiten sólo resoluciones de conflictos a cambio de divisas extrajeras, dólares preferiblemente, en grandes cantidades, calculadas según la gravedad de delitos y peligrosidad de delincuentes, mayor aún si se trata de una presunción falsa e interesada como las que han afectado en estos 17 años a innumerables venezolanos, o bien para sacarlos de la contienda política, ergo, presos políticos, o bien para sacarlos de las componendas gubernamentales, v.gr.: ex camaradas, cómplices comerciales, operadores, testaferros o secuaces.
Como en una iglesia, católica, santos, vírgenes, ángeles y arcángeles destellan en sus nichos, mostrados para la veneración como dechados de virtudes, el Poder Judicial exhibe transgresiones a la ley, a la Carta Magna, violaciones a los derechos humanos, atropellos a la soberanía popular, corruptelas, sevicia, con graves repercusiones en la vida política y social de nuestro país, estableciendo nichos delictuales vinculados al concepto de administración de justicia, una constante luctuosa en todo lo relacionado con asuntos judiciales, lo cual explica el sentido de urgencia en este tema, generando importantes análisis y propuestas sobre la probidad intrínseca al sistema de justicia venezolano, sus múltiples variantes y perspectivas de manejo y solución adecuada en las condiciones políticas prevalecientes en estos años terribles y funestos. Esta situación repercute, no hay duda, en el trabajo de todos los operadores del sistema judicial, afectando su desempeño laboral y distorsionando el esquema de administración de justicia en su conjunto.
Por todo eso, no debe extrañarnos que el Ejecutivo, o sea, Nicolás y sus adeptos, persiga y criminalice la disidencia: “todo aquel que busque violencia va a buscar su camino a la cárcel”, y acuda con facilidad irresponsable a vandalizar al máximo tribunal, en la falsa creencia de que pueden y deben cumplir funciones políticas para resguardar la supervivencia del régimen, como en efecto lo están haciendo como muchísimo gusto y formidables ganancias tanto para magistrados en ejercicio como para algunos obligados a pedir su jubilación, por igual ayudan a sabotear a Henry y sus muchachos, además de excederse en sus atribuciones complaciendo a Nicolás excluyendo la nacionalidad como requisito legitimante y condescendiendo a los caprichos de la Primera Combatiente, admitiendo el amparo suscrito por el bate quebrao de Aragua alegando una usurpación de funciones con un recurso que si de algo ha servido, es para reflejar el terror que sienten de ser llevados al escrutinio del concierto de las naciones. En lugar de afianzar el rol de Tribunal Supremo de Justicia en la administración de justicia, nuestros gobernantes le atribuyen un rol protagónico de primer orden que, a la larga, se traduce en una indebida sustitución de la constitucionalidad, por razones de historia reciente, no es ni puede ser la solución a la crisis que vivimos, a la vez que vulnera todavía más al Estado de derecho y al proceso de construcción democrática, a la par de altos niveles de violencia homicida volcados sobre los disidentes con la propaganda goebbeliana oficialista.
Lo más alarmante de esta situación son los altos niveles de impunidad, que incrementan la percepción de inseguridad jurídica, de la inmediata pérdida de capacidad defensiva, constituyendo otra perspectiva de la percepción ciudadana de vivir en un país inseguro, situación empeorada por el bandolerismo en ascenso en el Poder Judicial venezolano, particularmente en la Sala Penal y en los tribunales con competencia en esa materia, son crecientes, las demoras largas para resolver casos, la arbitrariedad en la manera de dar prioridad para un dado recurso, el considerable número de resoluciones con crímenes sin culpables, los procesos judiciales prefabricados, que la mayor de las veces resultan en una sentencia condenatoria contra inocentes, por lo general disidentes políticos, incrementando la criminalización de las libertades democráticas, desembocando en extorsión a los presos políticos para lograr su silencio, inactividad o capitulación con acciones intimidatorias, confiscatorias o violentas, trastocadas durante los últimos días en torturas e incomunicación, basta con ver el caso del comisario Ángel Coromoto Rodríguez. La modalidad de operación es exigir la subordinación del preso político mediante acciones abusivas, muchas de las cuales provienen del Ministerio Público y Jueces conminados a declarar Sin Lugar cuanto recurso se presente en los órganos jurisdiccionales a sus cargos. En este saco de acciones despóticas sin sanciones penales, entran los casos irresolutos producto de las variantes de castigo social mostradas por innumerables ejecuciones policiales en presencia de familiares a manos de las OLP, superando inclusive en algunos casos acciones propias del delito común.
Desvaríos y excesos, es decir, en lugar de justicia, lo que administran o prodigan no son sino injusticias, construyendo un cerco jurídico a la Constitución y al ejercicio de derechos de todo tipo, donde “usted es blanco de represión, en total estado de indefensión, expuesto a los arreglos extorsivos del gobierno materializados por el Ministerio Público y los tribunales del país, por exigir el revocatorio, también por exigir alimentos y medicina, por exigir seguridad, bienestar y paz, pero también es blanco de represión por ser pobre y vivir en un barrio”, opinión que expresa la desconfianza en las instituciones del Estado, especialmente el recelo hacia la camarilla iluminada de la Sala Constitucional, como apéndice que la burocracia chavista-madurista ha hecho del Poder Judicial, respaldando la irresponsabilidad y corrupción dentro de la justicia como resultado de su gestión gubernamental.
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