El 3 de abril, el Presidente de la República anunció por televisión la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), describiéndola como una nueva forma de organización popular destinada a vencer la llamada “guerra económica”. Luego les dio atribuciones que la Constitución le da al Poder Público y no a los particulares, ya no por televisión, sino por una norma jurídica, específicamente el Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica (N° 2323), que les otorga dos funciones en la gestión de la “emergencia económica”: garantizar la correcta distribución de los alimentos (art. 2.3), y la vigilancia y control del orden público en conjunto con los cuerpos de seguridad del Estado (art. 2.9).
Sobre esta nueva figura, Acceso a la Justicia quiere alertar lo siguiente:
No existe una norma jurídica que cree los CLAP, sino que el decreto mencionado los nombra sin explicar cómo se constituyen, ni quién los integra, y además, les da competencias públicas, sin regulación ni límites de cómo ejercerlas.
No están previstos en la Constitución, ni son creados por una Ley en sentido formal dictada por la Asamblea Nacional, a pesar de que se les otorgan funciones públicas (artículos 137 y 156 numeral 32 de la Constitución).
No son parte de la Administración Pública ni del Estado, pero tienen competencias de función pública, y lo más grave, funciones de policía. Es decir, en conclusión, se trata de un grupo de particulares a los que se les dieron poderes sin basamento constitucional alguno.
Más específicamente tienen atribuciones en materia de vigilancia y control del orden público, lo que viola, además, el artículo 332 de la Constitución, porque no cumplen con ninguna de las características exigidas para un cuerpo de policía del Estado, ni de control del orden público, y lo más grave ninguna de las garantías exigidas para la seguridad de los ciudadanos.
Se trata de ciudadanos u organizaciones de ciudadanos y adeptos a la doctrina política del partido de gobierno o incluso parte del PSUV con la misión adicional a la mencionada en el decreto de “defender la revolución en esa localidad”. Hasta el momento, solamente se sabe a través de una información del Ministerio para las Comunas, que están integrados, entre otros, por un representante de la Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER), de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), del Frente Francisco de Miranda, de los Consejos Comunales, de los Jefes de Comunidades del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, de los Jefes de calle (o similar) del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, y donde los haya de un Representante de la Red de pequeños y medianos productores, del Bodeguero o Integrantes de la Red de Distribución del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y de otras expresiones organizadas de la comunidad (que el CLAP decida incorporar). Y que, además, deben ser certificados por el Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales.
No tienen legitimidad alguna para ejercer funciones públicas, porque no son elegidos por el pueblo.
No tienen la capacidad técnica para ejercerlas, porque no se les da capacitación ni hacen parte de un órgano del Estado, con unos requisitos, aunque sea mínimos, de ingreso, salvo que sean adeptos a la ideología revolucionaria o al socialismo.
No existen mecanismos claros, ni normativos de control de su labor, ni de rendición de cuentas. No se tiene noticia que emitan facturas o recibos por los pagos que reciben.
El que haya un estado de excepción no autoriza al Presidente ni al gobierno a violar la Constitución, y poner en manos de particulares potestades que corresponden a los cuerpos policiales y a crear mecanismos de monopolización de la distribución y comercialización de alimentos.
Hemos de recordar además, que los CLAP vienen a tratar de sustituir las diversas redes de distribución de alimentos del sector público (Mercal, Bicentenarios, etc.) que fracasaron en sus cometidos y fueron acusados de corrupción por el propio poder Ejecutivo.
Esto pareciera estar enmarcado en el llamado Plan de la Patria, que establece como meta impulsar nuevos modos de organización social de cara a la construcción del socialismo (Objetivo 2.1.1), cuya constitucionalidad es cuestionable de la manera en que está enfocada en ese plan por atentar contra el pluralismo político, básico para la existencia de una democracia.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Los venezolanos tenemos ya más de dos años viviendo una escasez de productos ocasionada por la política del gobierno de reservar cada vez más para el Estado la importación y distribución de bienes y desincentivar la producción. Es fácil suponer que esto solo empeorará al poner su distribución en manos de grupos ligados a un partido político, dándoles el poder de presionar, discriminar e incluso extorsionar, a sus vecinos para que sigan las líneas políticas del partido si desean comprar los alimentos regulados, y más aún al constituirlos en una suerte de policías locales con la misión de adoctrinar a la población y de controlar sus actividades.
