André Roth en una conferencia para Flacso sobre el institucionalismo hace una disertación sobre los sistemas políticos latinoamericanos y el futbol, lo cual rescato en época de Copa América, pues mucho de nuestros sentimientos y hábitos de la cultura ciudadana venezolana y la actuación institucionalse expresan a través de un partido de futbol, donde se ve reflejada la vida política.
Jugar no tan limpio e irrespetar las reglas es parte de lo nuestro. Una falta se hace parte de la misma dinámica, engañar al árbitro representa el desafío a la autoridad frente a la astucia, las mejores trampas son casi objeto de veneración y se busca en estas una forma de legitimación.
Pero no sólo por parte de los actores hay faltas, también tenemos árbitros corruptos, que no respetan las reglas y se venden al mejor postor, en la búsqueda de un beneficio personal. La propia FIFA y sus sendos escándalos de corrupción, es sólo un sencillo ejemplo que nos ayuda a entender la complejidad de problema. En el fondo se interpreta como una revancha sobre los que hicieron las normas, es una manifestación de fuerza frente a lo establecido.
El árbitro–institución- está en jaque para hacer respetar su norma, jugadores haciendo trampa hay en todos los partidos, ¿pero qué pasa cuando la trampa también es la norma del gobierno – árbitro? Se vuelve para muchos un objeto de admiración, de respeto y ayuda a la construcción de una leyenda justiciera: en nombre de los pobres robo o en nombre de la revolución irrespeto el orden legal.
La mano de Maradona en el mundial de futbol de 1986 contra del equipo de Inglaterra, se volvió para muchos la mano de Dios. Una violación a la norma restituye la justicia de un pueblo, la norma del futbol es legal pero ilegítima frente a la justicia del creador. El gol de Perú en la Copa América que deja por fuera a Brasil no es más que la venganza de un gol con mano hecho por la Canarinha 11 años atrás: los dos fueron un error arbitral pero ambos están justificados por la victoria.
Bajo el dominio de la picardía, el juego limpio es un invento para favorecer a la oligarquía venezolana, solo ella puede darse el lujo de respetar, es decir, su bienestar no depende únicamente de un buen y limpio juego. Estos argumentos son los utilizados por quienes en “nombre de la revolución y en defensa de un pueblo” justifican la corrupción, el abuso y la violencia, con el pretexto de que todo el que no comulgue con ese modelo fallido es un escuálido, cuarto republicano que hay que extinguir.
Cualquier despropósito a las normas democráticas y de convivencia es justificado por ese líder redentor y justiciero que representó la figura de Chávez y hoy, a través de su legado, encarna Maduro. La justicia revolucionaria es una forma de ver esa mano de Dios en la política local, bajo la visión chavista la norma no es importante, el fin justifica los medios y toda acción es válida para mantener el poder.
El pícaro venezolano
Podemos decir que tenemos por un lado la cultura mafiosa, una cultura política del pícaro, ese clientelismo como forma de acción de lo público y la cultura del atajo sin esfuerzo, se convirtieron en nuestro patrón dominante. Por otro lado, tenemos la resistencia democrática digna, un ciudadano reclamando el cumplimiento de la norma, que generan otros sistemas de valores y de comportamiento. Estamos en una tensión de sistema que se confrontan con los valores distorsionados de la norma del Estado y que en la práctica moldean el comportamiento social.
Pero toda esta serie de abusos está provocando una deslegitimación del Estado como lo demostró el círculo burocrático que hoy dirige al país cuando todas las encuestas reflejan que 7 de cada 10 venezolanos rechaza la gestión de gobierno y prácticamente todas las instituciones del poder público son mal evaluadas. La pérdida progresiva de poder los está llevando a cometer mayores errores, el miedo y la desconfianza hace que tengan un proceso de mayor centralización, de mayor autoritarismo. Sin darse cuenta o a conciencia – no sabemos – la cúpula está apagando un incendio con un bidón de gasolina. Y vuelve en muchos la trillada frase:“necesitamos un salvador para restablecer el orden”.
Hay una necesidad imperiosa de cambio para lograr mayor legitimidad de las reglas establecidas por el Estado, pero ¿cómo lograr legitimar las acciones públicas?, ¿cómo un gobierno moribundo al que nadie le cree, puede hacer creíble su actuación?
Aquí se hace necesario el desarrollo de la estrategia de la democratización real del Estado y sus instituciones, basada en primer lugar en el cumplimiento de la norma. Se trata de reducir esa brecha que se generó históricamente de la separación entre Estado y sociedad. Es necesario por un lado, buscar el sentimiento en el cual lo ciudadanos se sientan coproductores de las normas y no solamente ver la norma como una imposición externa y por el otro, una revisión propia del desarrollo institucional.
El riesgo de lo que Tocqueville decía en su célebre libro sobre la democracia en América o la dictadura de la mayoría, que resulta ser frecuentemente una minoría, cobra riesgo especial en nuestro país. Es necesaria una liberación de las políticas que permitan una participación adecuada e incluyente de esa diversidad, fundamentada en la búsqueda de consensos mínimos aceptables para todos. Tenemos que encontrar una nueva agenda mínima que permita avanzar y salir de esta situación de polarización que impide el desarrollo de nuestra sociedad, es decir, es necesario un diálogo sincero para la construcción de nuevos acuerdos.
En el caso de Venezuela parece que hay posibilidad para el reencuentro, pero siempre está la misma situación de la ruptura entre norma formal e informal (norma y realidad). Los mecanismos de participación planteados en términos formales en los textos legales y Constitución de 1999, contemplan que ante una situación de pérdida de legitimidad se puede acudir a un referéndum revocatorio -así lo precisa el artículo 74 de la Carta Magna-, un deseo saboteado desde el poder con la intención de mantenerlo.
Lejos de respetar la institucionalidad el régimen se aleja de la norma y reconfigura un poder “institucional” que bombardea cualquier iniciativa y mantiene y profundiza una centralización de decisiones, reforzando la visión del Estado paternalista a través de la los CLAP e intentando ser el único guía en la relación Estado y sociedad.
La precariedad de la crisis social hace que se tomen medidas urgentes y la primera sin discusión: cambiar al Gobierno.
Mientras tanto una canción, “La mano de Dios”, que por más que sea pegajosa es un ejemplo de lo que no debemos ser.
@chuogonzalez