Claudia validó su firma para el referendo revocatorio al día siguiente y José Antonio y Haydee después. No lo pensaron dos veces cuando recibieron la comunicación firmada por el presidente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela (Seniat), José David Cabello.
El lunes 20 de junio los tres funcionarios especialistas en aduana fueron notificados de despido después de 15, 25 y 32 años de servicio, respectivamente.
Los despidos por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y en el artículo 21 de la misma ley.
“En mi condición de máxima autoridad, según lo dispone el artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, cumplo con hacer de su conocimiento la decisión de removerlo y retirarlo del cargo”, empieza la comunicación para los tres funcionarios.
Son una muestra del universo de cientos de funcionarios que -bajo promesa del Gobierno- han sido despedidos por firmar a favor de la convocatoria a referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
“Me cansé”
Haydee Arvelaiz votó una vez por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La llamaron insistentemente.
– ¿Ya fuiste a votar?, tienes que ir a votar y luego tienes que llamarnos y avisarnos, le dijeron.
Lo recuerda claramente. Como otros de sus compañeros del Seniat tenía miedo. Con dos hijos, sus padres mayores y más de 20 años en la administración pública. “Fui a votar obligada, por miedo”.