En los últimos días los venezolanos hemos quedado atónicos, ante la desfachatez jurídica y la aberración política que pretende el gobierno de Nicolás Maduro, quien valiéndose de una medida cautelar impuesta por la juez tercera de primera instancia en lo Civil del estado Carabobo, Omaira Escalona, me prohíbe como parlamentario, difundir información, hablar, opinar e investigar las actuaciones del Mayor General Carlos Osorio, quien fuera ministro de Alimentación y a quien le debemos en gran parte, la hambruna nacional que hoy se vive en nuestro país, producto del manejo ilícito y la desviación de más de 27.500 Millones de Dólares en tan sólo tres años, y que eran precisamente para la importación de alimentos y el abastecimiento de estos rubros. Pues bien, este adefesio legal, representa no sólo una censura judicial, sino peor aun, es la muestra más palpable de propiciar la impunidad de los delitos en materia de corrupción, cometidos por esta cúpula militar cívica, enquistada hoy en el poder.
Esta medida impropia dictada desde Miraflores y ejecutada por una subalterna del poder judicial se contradice con el artículo 199 de la Constitución Nacional, que establece que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta carta magna y con los reglamentos. Por lo tanto, le decimos a Nicolás Maduro, que no acataremos violar ninguna marramucia o dictamen amañado que viole la Constitución Nacional.
Como venezolano y como diputado a la Asamblea Nacional, y en mi legítimo deber y derecho constitucional de opinar libremente mis pensamientos y de investigar, hago caso omiso a este disparate judicial, que pretende amparar y proteger a los corruptos y mafiosos de este gobierno, que han desangrado a nuestro país de la manera más vil que jamás hayamos conocido. Esta atrocidad, vulnera además los pactos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. Este gobierno pretende sentar un precedente nefasto, para impedir que la verdad salga a la luz pública, y que paguen por sus actuaciones indignas, quienes tengan que pagar ante la justicia divina y ante la justicia terrenal. Con semejante blasfemia, Maduro quiere impedir las actuaciones legítimas del parlamento nacional, al tratar de cercarnos y censurarnos para que no podamos legislar. No obstante, ahora quieren prohibirnos investigar a funcionarios públicos por su gestión, y en especial, al Mayor General Carlos Osorio, responsable de la crisis alimentaria que se vive en nuestro país.
Yo como demócrata, me apego a la letra viva de nuestra Constitución Nacional en sus artículos 57 y 58 que rezan lo siguiente: Artículo 57: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena
responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.
Artículo 58: La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.
Ahora bien, esta medida cautelar que también incluye al diputado Carlos Berrizbeitia y al dirigente político, Carlos Tablante, se hace extensiva a los medios de comunicación social, especialmente, a las redes sociales como Twitter, Facebook y otras. El Gobierno con excesos judiciales, pretende lavar y legitimar actuaciones indignas de funcionarios corruptos, y con la excusa del menoscabo moral, honor y reputación de Carlos Osorio, quieren evadir el peso de la justicia que más temprano que tarde, caerá sobre las charreteras y multisoles que le ha otorgado el gobierno corrupto y cómplice de Nicolás Maduro.
Yo le digo a Nicolás Maduro que yo me debo a un pueblo, quien de manera democrática y mayoritaria me eligió como su representante ante la Asamblea Nacional, por lo tanto no acato ni me someto a medidas impropias que enaltecen la corrupción y la impunidad en nuestro país. Todo lo contrario, el artículo 187 de nuestra Carta Magna, establece las facultades de los diputados de emitir votos de censura y todo lo concerniente a los asuntos y a la gestión por parte de los ministros, en este caso que nos ocupa, el del Mayor General Carlos Osorio, quien debe rendir cuentas al país, del manejo millonario de divisas que eran para alimentar a nuestro pueblo, y que muy por el contrario, hoy nos tienen sometidos al hambre y a la desesperación. Además este articulado, nos faculta para ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.
En una decisión trasnochada y entre gallos a media noche, pretenden además, violar la inmunidad procesal de la que gozamos los parlamentarios por ejercer nuestro cargo.
No tenemos miedo, y nada ni nadie parará nuestro compromiso con la historia y con el adecentamiento de nuestro país, aunque el precio que tengamos que pagar por esta conquista sea muy alto. Es por ello, que cumpliendo con una labor patria, en las próximas horas, introduciremos ante el Ministerio Público, un expediente aprobado en pleno en la Comisión de Contraloría, contentivo de la resulta de una investigación en contra del Mayor General Carlos Osorio. Asimismo, exigiremos el inicio de una investigación sobre los hechos de corrupción que según la información sustentada que manejamos en la Comisión donde soy vicepresidente, se cometieron durante su gestión como ministro de Alimentación y gran jerarca del gobierno nacional.
En la Comisión de Contraloría, seguimos esperando al Mayor General Carlos Osorio, para que explique al país, por qué hay escasez en el rubro alimentario, cuando él manejó 27.500 Millones de Dólares para la importación de insumos, de los cuales el 60% era para la importación de alimentos. Aquí no se trata de protección o de los distingos de trato judicial que pueda tener un funcionario con cachucha militar o no, se trata de hacer justicia y de crear un precedente contra la impunidad y la corrupción. No obstante, no acataremos esta sentencia porque es una barbarie judicial, y no nos hacemos eco de medidas para atemorizarnos o para darle largas a un gobierno agónico, carcomido por el cáncer de la corrupción, que pretende acabar no sólo los recursos económicos del país, sino los valores morales y éticos, hoy en peligro de extinción por este gobierno.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ- Unidad Democrática
@ismaelprogreso