La ministra para la Salud, Luisana Melo informó este miércoles sobre un nuevo mecanismo de control de fármacos, similar a los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (Clap), en el que ahora los venezolanos solo podrán tener garantía de acceso a sus medicinas a través de consultorios populares operados por médicos cubanos e integrales (a los que denominó “médicos de cabecera”) y las droguerías del Estado denominadas “Farmapatria”.
Con información de EFE
“El sistema de salud está construyendo un programa para que todos puedan tener un médico de cabecera. Ahí están los consultorios populares y los ambulatorios. Si se dirigen a ahí o a Farmapatria, con toda seguridad podrán encontrar sus medicamentos”, expresó la ministra durante una inspección en el almacén Jipana, ubicado en el estado Miranda.
La medida surge como otro mecanismo de control para tratar de regular la distribución de medicamentos, fuertemente afectada por la escasez y el desabastecimiento, que las autoridades han intentado, sin éxito, controlar desde hace más de dos años.
El nuevo sistema, presentado por la ministra regula la producción, distribución y comercialización, de todos los medicamentos que se produzcan o se importen en el país, según explicó Melo a los periodistas desde el centro “robotizado” desde donde se vigilaran los nuevos controles.
El sistema controlará las únicas cinco droguerías del país, todas en manos de la empresa privada, explicó la ministra.
“Esos cinco almacenes van a estar conectados en las próximas dos semanas al cerebro donde estamos hoy”, indicó Melo, que aseguró que la distribución de medicinas en el país está en manos de un “oligopolio”.
El régimen que controlará el sitio de almacenamiento “nos va a permitir llegar a la distribución de la manera más homogénea, más equitativa de acuerdo a la necesidad”, afirmó.
Otro sistema de regulación similar a los ya fracasados
El sistema anunciado este miércoles por Melo, la quinta titular de Salud en los últimos tres años, se suma a otros similares implementados por sus predecesores en el departamento para regular el abastecimiento de medicinas de los que no se conocen los logros con precisión.
Dicho sistema se regirá por los canales de contraloría públicos pero además por “la contraloría social”, es decir, “el pueblo organizado alrededor de todo los establecimientos de salud para evitar las extracciones inadecuadas de los medicamentos”, dijo para referirse al contrabando y la reventa de medicinas.
“Nosotros en tiempo real podemos monitorear (vigilar) donde va llegando el sistema”, explicó.
Adicionalmente “en las próximas dos semanas”, tras la instalación de equipos de vigilancia GPS a la flota de camiones que distribuye los productos y que estará articulada con el sistema, podrán “en tiempo real, saber por dónde va el camión y que no haya desviación de la distribución”.
El objetivo es “saber cuáles son los planes de producción de las empresas privadas, cuántas divisas necesitan para eso, cuántas divisas se le han dado, cuánto han producido, y entonces nosotros ahí podemos definir, si no se están movilizando, por qué no se están movilizando”, indicó la ministra sobre el sistema que se ha venido implementando en los últimos 15 días.
Esto será instalado en los hospitales, y allí se creará una nueva fase para vigilar y “conocer desde el almacén del hospital adónde se distribuye”, y saber en tiempo real “dónde está el medicamento y cómo llega y por qué no llega, en caso de que no llegue”, adelantó.
El sector privado y la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro han denunciado a lo largo de los dos últimos años una escasez de medicamentos, que actualmente estaría cerca del 90 %, un dato que ha sido desmentido por la propia Melo, que asegura que no supera el 20 %.
¿Clap de la salud?