El 13 de julio de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro inició la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”, conocida como OLP. Este operativo policial-militar, el numero 23 que se ejecuta en los últimos 17 años, fue recibido por la población con grandes expectativas, pero un año después el balance es realmente negativo: la inseguridad ha seguido aumentando y, además, numerosas víctimas han denunciado graves atropellos contra los derechos humanos.
Según lo indicado por la propia Fiscal General de la República, en el primer trimestre de este año ocurrieron 4.696 homicidios en el territorio nacional. Esta cifra, producida en plena vigencia de la OLP, representa un incremento de 7% con respecto a lo sucedido en el mismo periodo de 2015. Asimismo, de conformidad con los informes de diversos medios de comunicación, en el primer semestre de este año se produjeron 2.827 muertes violentas en la gran Caracas, un 6% más que lo ocurrido el año pasado. Solo en junio fueron ingresados 500 cadáveres a la morgue de Bello Monte (un récord de los últimos dos años). El secuestro (175%), el robo y otros delitos graves también han escalado durante el desarrollo de las OLP.
Entonces, ¿para qué han servido las OLP? Al parecer solo para violar masivamente los derechos fundamentales. En efecto, el último informe de Provea indica que solo en 2015 la OLP dejó un saldo de 245 personas fallecidas (por lo menos en 20 casos se presumen ejecuciones extrajudiciales), 14.000 detenciones arbitrarias y cientos de ilegales demoliciones de casas (un caso emblemático es el del sector “La Ensenada” de la carretera Panamericana, donde se derribaron casi 400 humildes viviendas con la excusa de la OLP). Varias de estas víctimas han acudido a la Comisión de Política Interior de la AN a formalizar sus denuncias (única instancia que las ha recibido)
Venezuela no necesita más operativos improvisados. Es imprescindible que el Estado ejecute una política de seguridad ciudadana integral, que aborde la prevención social del delito, la transformación y depuración del sistema policial, la reestructuración del sistema de justicia para acabar con la impunidad y un nuevo sistema penitenciario que sea eficiente para la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos. Pero la evidencia indica que es imposible que esto se haga realidad si no se produce un cambio político en el país.
En definitiva, la OLP terminó siendo un plan radicalmente represivo (lo que tanto criticaron en épocas pasadas muchos de los que hoy están en el poder), criminalizador de la pobreza y sin ninguna eficacia en la disminución del delito.
Twitter: @luisizquiel