El lunes pasado se realizó en Montevideo una reunión de cancilleres del Mercosur para resolver el traspaso de la presidencia pro tempore de Uruguay al país que le correspondía sucederlo. Debía ser un trámite. El problema es que le tocaba a Venezuela, sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria, publica Infobae.
Por Darío Mizrahi
El anfitrión quería concretar el traspaso, pero sus socios, que vienen presionando al gobierno de Nicolás Maduro para que adopte una postura de diálogo con la oposición y acepte someterse a un referéndum revocatorio, no estaban dispuestos a entregarle semejante trofeo. Finalmente la sesión terminó en escándalo y se suspendió el cambio de mando hasta nuevo aviso. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó a sus pares de haberse “escondido en el baño”.
“Lo que está pasando en el Mercosur es una pieza de un ajedrez general que cubre a toda la región: cómo resolver la situación venezolana”, explicó el politólogo Andrés Serbin, presidente ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), consultado por Infobae.
Lo ocurrido en Montevideo fue un nuevo episodio de la saga de conflictos que se vienen desatando en todos los organismos regionales, principalmente, OEA y Unasur. Todos los países están más o menos de acuerdo en que la situación que atraviesa el país caribeño es insostenible, pero no hay consenso en torno a qué hacer al respecto.
La línea dura está encabezada por Luis Almagro, secretario general de la OEA. El ex canciller uruguayo propuso el 31 de mayo pasado la aplicación de la Carta Democrática del organismo, que promueve una serie de instancias de diálogo para encauzar la crisis del país y, en caso de que fracasen, contempla la posibilidad de suspenderlo. Almagro argumentó “las violaciones de derechos humanos” y “la falta de respuesta a la grave crisis humanitaria”.
Pero no prosperó. En la cumbre del 23 de junio los miembros del Consejo Permanente de la OEA aceptaron el duro informe del secretario general, pero evitaron expedirse sobre la invocación de la Carta Democrática. Se inclinaron por una postura más moderada: impulsar el diálogo a través de la Unasur.
Este organismo, históricamente más cercano al chavismo, impulsa la mediación de un trío de ex presidentes: Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), que encabeza el grupo.
El socialista se ubicó en las antípodas de Almagro: pidió más tiempo, evitó mencionar el revocatorio y sostuvo que es necesario “renunciar como principio a cualquier intención de injerencia”. En esa línea están los gobiernos más cercanos a Caracas, principalmente los de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Daniel Ortega (Nicaragua).
“En la región se presenta nuevamente una doble discusión: la prevalencia del principio democrático, queriendo aplicarse a Venezuela (por algunos sectores de Argentina, Brasil y Paraguay) la cláusula democrática, y el principio de no intervención en asuntos internos”, dijo a Infobae Laura Bogado Bordazar, Coordinadora del Departamento América Latina y el Caribe y del Centro de Estudios Sudamericanos de la Universidad de La Plata, Argentina.
En una posición intermedia se está ubicando Estados Unidos, hasta hace poco enemigo acérrimo del chavismo. El secretario de Estado, John Kerry, pidió en la OEA por la liberación de los presos políticos y por la realización del revocatorio, pero dijo que no iban a impulsar la suspensión de Venezuela. Thomas Shannon, su subsecretario de Asuntos Políticos, se reunió a fines de junio con Maduro para superar las tensiones del pasado y reactivar la relación bilateral.
Esta postura es la que se está imponiendo. Un caso testigo es el de Mauricio Macri. Cuando asumió la presidencia argentina, en diciembre de 2015, se convirtió en el primer mandatario de la región en pedir la ejecución de la cláusula democrática del Mercosur por las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, con el correr de los meses fue suavizando su posición. La canciller Susana Malcorra dejó en claro hace poco que tiene que hacerse el referéndum, pero se manifestó en contra de poner fechas límites. Además relativizó la efectividad de la carta democrática en este caso.
Una crisis sin salida a la vista
“No caben dudas de que la situación interna de Venezuela está provocando una crisis que podría tener repercusiones en toda la región. Pero parece que la alternativa de aplicar las cláusulas democráticas no se ajustaría a derecho y además dejaría al país aislado”, dijo Bogado.
La línea dura de Almagro fue derrotada y hoy el consenso en la región es apostar por una resolución del conflicto a través del diálogo. Pero esta instancia está repleta de problemas, empezando por la comisión de ex presidentes elegida para mediar.
“A mi manera de ver, esta comisión no tiene la capacidad ni el respaldo político necesario para actuar eficientemente. Entre otras cosas, porque la oposición la ve muy cercana al gobierno. Esto refleja las limitaciones de Unasur para construir consensos en un momento de cambio a nivel regional”, sostuvo Serbin.
Algo que no se puede pasar por alto es que no toda forma de diálogo es neutral. Especialmente si no hay plazos. La oposición venezolana está urgida por hacer el referéndum este año, porque es la única manera de que se llame a elecciones anticipadas en caso de que gane el revocatorio. En cambio, si se hiciera en 2017, Maduro tendría que dejar el poder, pero su vicepresidente completaría el mandato. Por eso temen que las negociaciones con Zapatero y sus pares sirvan de excusa al chavismo para ganar tiempo y asegurarse la continuidad en el gobierno.
Razones para que Venezuela no lidere el Mercosur
“La negativa a traspasarle la presidencia del Consejo Mercado Común (CMC), órgano político y con capacidad decisoria del Mercosur, no tiene ningún fundamento jurídico —dijo Bogado—. El propio Protocolo de Ouro Preto (1994), que define la estructura institucional del bloque, establece en su artículo 5 que la presidencia del CMC será ejercida por rotación de los Estados Partes, en orden alfabético, por un período de seis meses. Eso sí, las decisiones deberán ser tomadas por consenso de los miembros”.
Los argumentos para dilatar el cambio en la conducción del organismo son esencialmente políticos. Los cancilleres de Brasil y de Paraguay alegan la falta de libertades políticas y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Lo raro es que no la dejan asumir, pero tampoco la suspenden. Lo lógico sería que deje de ser miembro pleno, porque mientras siga siéndolo debería tener las mismas potestades que los otros.
“Ateniéndose a las normativas del Mercosur, la negativa a otorgarle la presidencia pro témpore a Venezuela viola las propias reglas del bloque”, dijo a Infobae el politólogo Facundo Solanas, investigador del Conicet y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.
“Institucionalmente es un sinsentido —continuó—. Se explica exclusivamente en términos políticos y por la sintonía política que puede tener el actual gobierno argentino con el gobierno más débil y frágil de las últimas décadas del socio principal del bloque. Siembra un peligroso antecedente en la corta historia del bloque”.
Sin embargo, la debilidad institucional crónica de los organismos latinoamericanos hace posible que las reglas se flexibilicen, e incluso se quiebren, según las circunstancias y los intereses de los actores involucrados. En este caso, no son pocas las razones por las que sería inconveniente para algunos de los socios que Caracas asumiera la presidencia.
“Se presentó una oportunidad para ejercer presión en torno a si Venezuela debe seguir siendo miembro del Mercosur porque se está avanzando en un acuerdo con la Unión Europea, y Venezuela es el país más reticente”, dijo Serbin.
El tratado comercial con Europa es clave para los nuevos gobiernos de Argentina y Brasil, pero está en las antípodas de la mirada económica de Maduro. Por eso Macri y Michel Temer rechazan que asuma la conducción.