Motivados por una necesidad de marcar un precedente y de purificar todos los ámbito de las instituciones de poder del Estado venezolano, debido al uso y abuso de la legislación y articulado de nuestra Constitución Nacional, a conveniencia de una parcialidade política y bajo el amparo inmoral de la impunidad de los delitos, desde la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, nos plantamos el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual fue sancionada en horas recientes en el seno del Parlamento.
En los actuales momentos existe gran preocupación en la sociedad venezolana por el inadecuado manejo que se ha hecho de los recursos públicos en los últimos 17 años, lo que sin lugar a dudas, ha generado fuertes cuestionamientos sobre la efectividad del sistema nacional de control fiscal, delineado en nuestro ordenamiento jurídico para hacer frente a la mala administración, lo cual ha generado una depravación del Estado a todo nivel, trayendo como consecuencia, una gran corrupción en nuestro país, causa principal de esta profunda crisis política, económica, social y moral jamás vivida en Venezuela.
Como órgano del poder ciudadano, la Contraloría General de la República, tiene a su cargo prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; además debe velar por la buena gestión y la legalidad en uso del patrimonio público y el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Sin embargo, este poder “moral” viene actuando ciego ante las irregularidades y desmanes de los compañeros de partido, y como tribunal inquicidor, el cual persigue de manera descarada y violantando a la propia Constitución Nacional, a todos los funcionarios públicos, dirigentes políticos y militantes, que adversen la actual pésima gestión gubernamental.
Con la excusa de las inhabilitaciones administrativas, y con una interpretación errada de la legislatura venezolana, han atentado contra las libertades políticas de funcionarios públicos, a quienes les han sembrado expedientes con supuestas irregularidades administrativas, para sacarlos del medio y de la vida pública nacional. Tal es el caso de Leopoldo Lopez, de María Corina Machado, de Enzo Scarano, de Daniel Ceballos, y de muchos hombres y mujeres, a quienes les han vulnerado sus derechos fundamentales.
Es por ello, que basados en estos antecedentes excluyentes y discriminatorios, se reformó el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con el objeto de regular precisamente esta potestad. Únicamente podrá imponerse la sanción accesoria de inhabilitación por un máximo de cinco años y respecto de cargos de carrera y de libre nombramiento y remoción. Se suprimió expresamente la posibilidad de que la inhabilitación pueda imponerse para cargos de elección popular. De igual forma, su imposición se condicionó a la realización de una audiencia del interesado, con estricto apego a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Todo esto, se fundamenta en la adaptación a los estándares de derechos políticos consagrados en la Constitución Nacional fundamentalmente de las normas que regulan la posibilidad de su limitación, contenidos esencialmente en los artículos 39, 42 y 65; y poner coto a la cacería de brujas que se practica desde el órgano contralor a las fuerzas disidentes del gobierno venezolano.
La Asamblea Nacional ha asumido de la manera más seria e incluyente el compromiso de fortalecer el Sistema Nacional de Control a través de la Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal que incorpora novedosos elementos para combatir el cáncer de la revolución, como lo es la corrupción en el país fortalecer la institucionalidad y responsabilidad del ente contralor, promover los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna, garantizar el respeto a los derechos fundamentaled y fortalecer la autonomía de los estados y municipios. Es decir, estamos activando los mecanismos jurídicos requeridos y haciendo la adecuación de la legislación interna a las obligaciones internacionales contratadas por el Estado en los tratados suscritos en materia de corrupción, evitando así que cualquier gobierno de turno, pueda evadir responsabilidades.
Otro de los temas abordados con gran interés en esta reforma, es el nepotismo, el cual se ha convertido en un vicio del gobierno, trayendo como consecuencia, la complicidad en actos de corrupción, debido al vínculo sanguíneo que podría privar a la hora de cualquier investigación. Todos sabemos que una de las cosas que se ha estructurado en este gobierno corrupto, es el nepotismo, porque se han blindado familiarmente para impedir investigaciones y responsabilidades administrativas y penales por los miles de hechos de corrupción que se cometen a diario de la manera más descarada en todos los órganos de poder.
Recientemente, el Contralor General de la República, señaló de la manera más cínica y burlesca, que existe nepotismo bueno y nepotismo malo, y que en su caso particular, se trata de un nepotismo bueno, porque sus familiares en cargos estratégicos dentro del órgano contralor, son funcionarios capacitados para desempeñar esas responsabilidades. Pues bien, yo le digo al señor Galindo, que tanto el nepotismo así como los narcotraficantes son malos por donde se vean. El nepotismo es un vicio, el cual hay que combatir porque es el principal eslabón ante la complicidad de los delitos y de la corrupción.
Por ejemplo, en el caso del Señor Galindo, por lo menos trece de sus familiares en consanguinidade directa, están laborando para él. Desde la Directora del Despacho, pasando por el analista de la Consultoria, por la Dirección de Personal, la dirección de Auditoria, y otras direcciones están a cargo de sus hijos, nietos, esposas, cuñados, yernos y pare usted de contar, lo que sin duda alguna, significa un atentado a la moral y a la honestidad de la investidura que representa.
Aquí se acabó el chantaje y la complicidad en materia de corrupción y de otros delitos, porque el mal uso y la interpretación a conveniencia de la legislatura venezolana, nos ha llevado a la profunda crisis que hoy sentimos y padecemos los venezolanos. Estamos seguros y convencidos de que con la Reforma de esta Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, adecentaremos este arroz con mango de la revolución que valiéndose del poder y de la dependencia de órganos y poderes del Estado, han cometido el desfalco histórico más grande en nuestro país.
Seguimos adelante en nuestro objetivo de enfrentar con fuerza la corrupción y sus autores materiales e intelectuales, y por más enchufados y por más charreteras y cachuchas que tengan, tendrán que pagar por cada uno de sus delitos, porque desangraron nuestra patria.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ-Unidad Democrática
@ismaelprogreso